El Gobierno de Canarias ha decidido añadir 33 plazas a varias oposiciones en marcha desde 2022, una decisión que, más allá de su efecto inmediato sobre los aspirantes, pone el foco en un problema de fondo, la elevada dependencia de personal interino en la administración pública autonómica.
La medida se articula a través de la figura de las llamadas “plazas adicionales”, introducida en la reciente normativa autonómica para permitir ampliar hasta un 20% las plazas de una convocatoria ya existente.
En la práctica, esto permite incorporar como funcionarios de carrera a aspirantes que han aprobado todos los ejercicios de la oposición pero se habían quedado sin plaza.
Sobre el papel, la decisión puede parecer razonable, aprovechando talento ya evaluado y evitando recurrir a nuevos procesos selectivos, pero la necesidad de recurrir a este mecanismo excepcional deja ver que el sistema ordinario de acceso al empleo público no está siendo capaz de responder a las necesidades reales de la administración.
Oposiciones largas, plazas insuficientes
El origen del problema se remonta a las ofertas de empleo público de años anteriores, en este caso la de 2019, cuyos procesos selectivos han sufrido retrasos prolongados.
En ese contexto, muchas oposiciones acumulan un número significativo de aspirantes que han superado todas las pruebas pero no han obtenido plaza.
Hasta ahora, esas personas quedaban fuera del sistema, pese a haber demostrado su capacidad. Al mismo tiempo, la administración seguía cubriendo necesidades con personal interino, alimentando una dinámica de temporalidad difícil de revertir.
La solución adoptada ahora trata de corregir esa disfunción pero lo hace a posteriori, una vez que el problema ya se ha generado.
Reducir la temporalidad
El objetivo declarado de la medida es reducir la temporalidad en el empleo público, uno de los grandes retos de las administraciones en toda España y Canarias no es una excepción.
Durante años, la falta de convocatorias suficientes, la lentitud de los procesos y la planificación deficiente han derivado en una alta dependencia de interinos.
La ampliación de plazas permite, en parte, sustituir esos puestos temporales por empleo estable. Sin embargo, no ataca directamente el origen del problema que está en la planificación de recursos humanos.
Si las ofertas de empleo público se ajustaran con mayor precisión a las necesidades reales y se resolvieran en plazos razonables, no sería necesario recurrir a mecanismos extraordinarios para “rescatar” a aspirantes que ya han aprobado.
La decisión del Ejecutivo autonómico tiene efectos positivos inmediatos pero plantea interrogantes sobre la gestión del sistema en su conjunto. ¿Por qué se convocan menos plazas de las que finalmente se necesitan? ¿Por qué los procesos se dilatan durante años? ¿Por qué se mantiene una estructura tan dependiente de la temporalidad?
La figura de las plazas adicionales, lejos de ser una solución estructural, actúa como un mecanismo corrector. Un parche legal que permite ajustar sobre la marcha lo que no se planificó correctamente desde el inicio.
La ampliación de plazas en oposiciones no es, por tanto, una simple decisión administrativa. Es el síntoma de un modelo tensionado, en el que la administración trata de equilibrar necesidades urgentes con herramientas que llegan tarde.
