La Comisión Europea ha confirmado que el Gobierno de España no realizó la notificación previa de la normativa que impone el uso obligatorio de la baliza V16 conectada en sustitución de los triángulos de emergencia. Este paso administrativo es un requisito habitual para las regulaciones técnicas nacionales que puedan afectar a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común, y su omisión abre ahora un escenario de incertidumbre jurídica sobre la validez de la norma.
Desde el Ejecutivo comunitario han señalado que, si bien corresponde a los Estados miembro evaluar individualmente si sus proyectos de medidas están sujetos a esta obligación de comunicación, el reglamento de las balizas luminosas no figura en sus registros de transparencia. Bruselas recuerda que la directiva de la Unión Europea establece que cualquier norma técnica nacional no notificada puede ser declarada inaplicable por los tribunales nacionales, lo que podría derivar en recursos legales por parte de fabricantes o asociaciones de conductores.
El Ministerio del Interior ha defendido este dispositivo como una herramienta fundamental para reducir los atropellos en carretera, argumentando que permite señalizar el incidente sin necesidad de que el conductor camine por la calzada. Sin embargo, la falta de una homologación técnica coordinada con Bruselas ha levantado dudas sobre si este requisito específico podría suponer una barrera técnica para fabricantes de otros países europeos.
Por el momento, la Comisión Europea se ha limitado a constatar la falta de notificación oficial, sin iniciar de oficio un procedimiento de infracción, aunque deja la puerta abierta a futuras acciones si se considera que la medida vulnera los principios de la unidad de mercado.
La confirmación de Bruselas llega tarde, con la obligatoriedad ya consolidada y miles de conductores habiendo realizado el desembolso para adquirir los nuevos dispositivos. La falta de este trámite formal no implica una anulación automática, pero otorga argumentos legales sólidos para que los tribunales españoles dejen sin efecto la exigencia del dispositivo hasta que se regularice su situación ante las autoridades europeas. El Ministerio deberá ahora decidir si inicia un proceso de convalidación a posteriori para intentar blindar una ley que, a día de hoy, carece del respaldo administrativo necesario en el marco de la Unión Europea.
