Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE alcanzaron este lunes un acuerdo sobre la política de retornos que endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada una petición de asilo y que consolida la posibilidad de que los Estados miembros externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios, siguiendo el modelo que Italia pactó con Albania.
La principal novedad es que los países miembros podrán deportar a migrantes a lo que se ha denominado centros de retorno en terceros países distintos a los de su origen, siempre que se haya suscrito previamente un acuerdo bilateral y se respete el principio de no devolución. El único requisito adicional es que el país receptor sea considerado seguro por la Unión y garantice el respeto de los derechos humanos.
En esa lista de países seguros se incluyen India, Colombia, Bangladesh, Marruecos y Egipto.
La nueva normativa también exigirá a los migrantes cooperar activamente en su proceso de expulsión. Quienes se nieguen podrán ver retiradas sus prestaciones sociales y sus permisos de trabajo, y en los casos más graves podrán enfrentarse a sanciones penales que incluyen el encarcelamiento. Además, los migrantes considerados un riesgo para la seguridad pública podrán ser expulsados de forma prioritaria y enfrentarse a prohibiciones de entrada indefinidas.
En los centros de retorno no estará permitido el internamiento de menores no acompañados, y los países receptores estarán obligados a respetar los derechos humanos. El acuerdo político necesita aún la aprobación formal de las instituciones antes de entrar en vigor.
España es el único país que se mostró en contra de la normativa desde que los ministros de Interior alcanzaron el enfoque general. La medida ha contado también con la oposición de los grupos socialdemócratas, verdes e izquierdistas en el Parlamento Europeo, que consideran que la iniciativa vulnera los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo.
