La reparación del Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife costará al menos 17,6 millones de euros. El proyecto definitivo llegó en febrero de 2026, dos años después del plazo acordado con el arquitecto Santiago Calatrava. El Cabildo de Tenerife tiene el proyecto sobre la mesa pero no ha confirmado si Calatrava y las constructoras pagarán la factura o lo hará el contribuyente canario.
El plazo era enero de 2024. El proyecto definitivo para reparar los fallos estructurales del Auditorio Adán Martín de Santa Cruz llegó en febrero de 2026. Dos años de retraso. Diecinueve meses acordados con el arquitecto Santiago Calatrava. Veintinueve meses de espera real.
El presupuesto de la intervención asciende a 16,48 millones de euros sin IGIC, lo que con impuestos supera los 17,6 millones. El PSOE advierte que la cifra final podría ser aún mayor si se contabilizan los lucros cesantes de un eventual cierre parcial o total del edificio durante las obras.
El conflicto no es nuevo. En junio de 2022, con el PSOE aún en el gobierno insular, el Cabildo reclamó responsabilidades a Calatrava y a las empresas constructoras por vicios ocultos detectados en la infraestructura. Se fijó un plazo de 19 meses para que presentaran el proyecto técnico. Ese plazo expiró sin que el documento llegara.
Ahora el proyecto existe. Las obras podrían arrancar. Pero el PSOE, desde la oposición, exige máxima transparencia sobre quién va a pagar. El Cabildo desbloqueó el proceso pero no ha despejado la pregunta central: ¿asumen Calatrava y las constructoras la factura o acaba repercutiendo en el presupuesto público insular?
No es un debate menor. El Auditorio Adán Martín es el edificio más reconocible de Santa Cruz, inaugurado en 2003 con Calatrava como firma y como fuente de polémica desde antes de que terminara de construirse. La isla ya pagó el original. La pregunta ahora es si va a pagar también los desperfectos.
El Cabildo de Tenerife no ha hecho declaraciones concretas sobre el reparto de responsabilidades económicas en lo que va de semana. El silencio institucional sobre ese punto específico es el dato más relevante de la historia: cuando una administración evita responder a una pregunta económica directa, generalmente hay una respuesta incómoda detrás.
La obra de reparación tiene proyecto, tiene presupuesto y, según el Cabildo, tiene voluntad política. Lo que no tiene, de momento, es una respuesta pública y verificable sobre quién firmará el cheque de los 17,6 millones. Esa pregunta es la que convierte este asunto en noticia.
