El Tribunal Supremo ha hecho público el calendario oficial del juicio por la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, conocido como caso Koldo. La vista oral comenzará el próximo 7 de abril y se extenderá a lo largo de 13 jornadas hasta finales de mes. Entre los más de 75 testigos citados destacan la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quienes deberán comparecer ante el tribunal el miércoles 22 de abril para explicar las contrataciones realizadas con la empresa Soluciones de Gestión cuando presidían los gobiernos de Baleares y Canarias, respectivamente.
El cronograma diseñado por la Sala de lo Penal sitúa las declaraciones de los tres principales acusados en la recta final del proceso. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama declararán el día 28 de abril. Según el orden establecido, intervendrá primero Aldama, seguido de Koldo García y, finalmente, el propio Ábalos. Tanto el exministro como su asesor permanecen en prisión provisional desde el pasado noviembre por riesgo de fuga.
Antes de estas comparecencias clave, el tribunal escuchará a otros perfiles relevantes vinculados a la gestión del Ministerio de Transportes y de las empresas públicas dependientes. El 15 de abril será el turno de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, mientras que el día 13 declararán el exdirector ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo, y la exmujer de Koldo García, Patricia Uriz. El juicio se abrirá el 7 de abril con el testimonio de Víctor Ábalos, hijo del exministro, y de su expareja Jessica Rodríguez, marcando el inicio de una causa donde las acusaciones populares llegan a solicitar hasta 30 años de cárcel para los cabecillas de la red.
El proceso judicial quedará visto para sentencia los días 29 y 30 de abril, fechas reservadas para la exposición de los informes finales de las partes y la práctica de la prueba documental. Con este calendario, el Tribunal Supremo busca resolver en menos de un mes una de las causas con mayor impacto político de la legislatura, centrada en el presunto cobro de comisiones ilegales y el uso de influencias para la adjudicación de contratos públicos en el momento más crítico de la crisis sanitaria de 2020.
