El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha formalizado una solicitud ante el Tribunal Supremo para prestar declaración como testigo por escrito. El requerimiento se produce en el marco del juicio que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, procedimiento que afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.
Para sustentar su petición, Torres se ha acogido a la prerrogativa recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los miembros del Gobierno y a los presidentes autonómicos declarar por escrito sobre hechos de los que hayan tenido conocimiento por razón de su cargo. Cabe recordar que, en el momento de los hechos investigados, el actual ministro desempeñaba la presidencia del Gobierno de Canarias, una de las administraciones que tramitó contratos con la trama ahora bajo escrutinio judicial.
La defensa del ministro argumenta que esta modalidad de comparecencia garantiza la colaboración con la justicia sin interferir en sus responsabilidades gubernamentales. El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si acepta esta fórmula o si, por el contrario, considera necesario que el testigo comparezca de forma presencial o telemática para permitir el interrogatorio directo de las partes, dado el peso de su testimonio en la reconstrucción de cómo se gestaron las compras en las islas.
El proceso judicial trata de esclarecer si existió un trato de favor o el cobro de comisiones ilegales en la gestión de los suministros sanitarios. La declaración de Torres es considerada clave por las acusaciones para determinar si hubo presiones externas o indicaciones específicas desde el Ministerio de Transportes para contratar con las empresas vinculadas a Víctor de Aldama.
