La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, acusó este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar silenciar a los empleados del Parador de Teruel mediante una carta de la empresa pública Paradores de Turismo que amenazaba con despedirlos por haber revelado detalles de una polémica fiesta organizada por el exministro José Luis Ábalos en septiembre de 2020. La denuncia, realizada durante una sesión de control en el Senado, señala que la misiva, enviada el 8 de abril de 2025, reprochaba a los trabajadores haber violado cláusulas de confidencialidad.
El escándalo describe una noche en la que Ábalos, acompañado por Koldo García y su hermano Joseba, habría causado destrozos en la suite principal del Parador tras una fiesta con “señoritas” traídas en furgoneta desde Valencia, en plena pandemia. Trabajadores relataron que las limpiadoras encontraron la habitación en un estado deplorable, comparando los daños con los causados por una estrella de rock en otra ocasión. “Es mejor que no preguntéis”, habrían dicho las empleadas al bajar, según testimonios. Sin embargo, Paradores emitió un comunicado el 14 de abril negando “categóricamente” los daños, alegando protección de datos para no dar más detalles, una postura que los empleados y Buj contradicen.
Buj, en un enfrentamiento con la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien era delegada del Gobierno en Aragón en 2020, criticó la “ley del silencio” impuesta a los trabajadores. “No los amenazaron por mentir, sino por hablar. ¿Defiende a los empleados o a Ábalos?”, cuestionó la alcaldesa. Alegría, que admitió haber pernoctado en el Parador esa noche pero negó conocer la fiesta, evitó responder directamente sobre la carta y acusó al PP de orquestar una campaña de “mentiras” contra ella.
El caso, que involucra también al ex presidente de Aragón, Javier Lambán, y a la actual presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, sucesora de Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha generado indignación en Teruel. El PP, liderado localmente por Joaquín Juste, exige esclarecer quién encubrió los hechos y asumió los costos, ya que el Ministerio de Transportes rechazó pagar la factura del Parador.
La investigación del PP en el Senado, que llamará a comparecer a Alegría y al ministro Óscar López, ex presidente de Paradores, busca aclarar las responsabilidades en este episodio, que ha reavivado las críticas contra la gestión socialista y su manejo de escándalos como el caso Koldo. Mientras tanto, los trabajadores del Parador, bajo presión, mantienen un silencio forzado, y Teruel se ve nuevamente en el centro de un debate político que opaca sus necesidades estructurales.
