El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dado un golpe de efecto en su estrategia legal. En el escrito de defensa presentado ante el Tribunal Supremo, elaborado justo antes de que sus abogados renunciaran por impagos, el político valenciano ha solicitado formalmente la comparecencia como testigos de figuras clave del actual Gobierno y de las instituciones del Estado: los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
La petición de Ábalos busca que los tres dirigentes expliquen las contrataciones de mascarillas realizadas durante lo peor de la pandemia. El exsecretario de organización del PSOE pretende demostrar que su ministerio no fue el único que recurrió a la empresa Soluciones de Gestión, el eje central de la trama Koldo, y que las compras efectuadas por Interior y por los gobiernos de Canarias y Baleares —entonces presididos por Torres y Armengol— siguieron procedimientos similares. Con estas declaraciones, la defensa aspira a diluir la responsabilidad del exministro y cuestionar por qué solo su gestión está bajo el foco penal.
El exministro, que se enfrenta a una petición fiscal de 24 años de cárcel, niega cualquier tipo de cohecho o participación en organización criminal, calificando el relato de la acusación como una verdad de artificio construida por la UCO.
La lista de testigos solicitada supera la sesentena de nombres, incluyendo también a altos cargos de Correos y antiguos responsables de Puertos del Estado. Ahora, la Sala de lo Penal del Supremo deberá decidir si acepta estas comparecencias, lo que obligaría a Marlaska, Torres y Armengol a testificar en el banquillo sobre las adjudicaciones que hoy mantienen al antiguo número tres del socialismo entre rejas.
