Que tener una vivienda digna deje de ser una aspiración y se convierta en un derecho que el ciudadano pueda exigir ante la Administración, incluso por vía judicial. Esa es la petición de fondo con la que los defensores del pueblo de España cerraron este viernes en La Palma sus jornadas anuales, encabezados por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y sus homólogos autonómicos. El acuerdo, plasmado en un decálogo de conclusiones, reclama el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible, y no como una simple declaración de intenciones.
A partir de ahí, el documento aterriza en medidas concretas. Los defensores del pueblo piden a las administraciones ampliar el parque público de vivienda social y protegida, destinar más dinero a las políticas de vivienda y poner en marcha ayudas al alquiler. A ello suman actualizar los planes urbanísticos para adaptarlos al crecimiento de la población y estrechar la vigilancia sobre los pisos turísticos, cuya expansión relacionan directamente con la dificultad para encontrar un techo a precios asequibles.
El porqué de esas exigencias lo sitúan en el terreno social. Un hogar adecuado y asequible, sostienen, es una herramienta para frenar la pobreza y evitar que las personas caigan en la vulnerabilidad y la exclusión. Y advierten de un matiz que, a su juicio, obliga a actuar cuanto antes: cuando alguien pierde la vivienda y se precipita en esas situaciones, dar marcha atrás resulta mucho más difícil, de modo que la prevención mediante políticas públicas se vuelve clave.
El encuentro, celebrado en La Palma bajo la organización de la Diputación del Común de Canarias, reunió a representantes de nueve comunidades autónomas y no se quedó en un debate entre instituciones. Pasaron por él catedráticos y profesores universitarios, trabajadores sociales, activistas por el derecho a la vivienda, arquitectos, ingenieros, profesionales de la salud mental y representantes del Tercer Sector y de las administraciones, además de los técnicos de las propias defensorías.
La aportación más singular llegó de los más jóvenes. Un grupo de menores, invitados por las defensorías de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco, tomó la palabra para dar su visión sobre la vivienda, el asunto monográfico de unas jornadas que quisieron escuchar a quienes tendrán que lidiar con este problema en los próximos años.
