Las universidades de La Laguna (ULL) y de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) llegaron este jueves a un principio de acuerdo con el Gobierno de Canarias sobre un sistema de financiación plurianual de las dos instituciones académicas públicas para el periodo 2027-2030. El anuncio lo hicieron los rectores, Francisco García (ULL) y Lluís Serra (ULPGC), junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el acto de constitución de la Conferencia de Consejos Sociales de ambas universidades.

El rector de la ULL detalló el contenido del preacuerdo. Según Francisco García, el pacto garantiza la financiación básica para el funcionamiento de las dos universidades públicas e incorpora un fondo de nivelación que complemente parte de los recursos allí donde se evidencia un déficit arrastrado de los presupuestos de años anteriores.

El acuerdo culmina meses de negociación entre las partes. La Consejería de Universidades, dirigida por Migdalia Machín, había trasladado a los rectores su propuesta el pasado julio, con la previsión de elevar un 16% la financiación autonómica hasta 2030, lo que supone un incremento de 45 millones de euros en cuatro años. Esa oferta contemplaba pasar de los 281 millones de euros actuales a 326 millones en 2030, con un crecimiento anual del 4%, y cuantificaba el marco global para ambas universidades en unos 1.242 millones entre 2027 y 2030.

El reparto situaba a la ULL en 173,24 millones de euros en 2030, un 15,76% más que en 2026, y a la ULPGC en 153,65 millones, con un aumento del 16,18%. La propuesta incluía además un fondo cercano a los 9,8 millones para corregir el desfase acumulado en la última década.

Esas cifras, sin embargo, quedaban por debajo de las reivindicaciones de las dos instituciones. Las universidades públicas canarias reclamaban alcanzar los 500 millones de euros para situar la financiación en el 1% del PIB y garantizar su estabilidad presupuestaria, de modo que el principio de acuerdo alcanzado este jueves refleja un punto de encuentro tras varias rondas de contactos, la última de ellas convocada a mediados de octubre.

El pacto todavía deberá concretarse en sus términos definitivos. El seguimiento del acuerdo corresponderá a una comisión integrada por representantes de la Consejería, las universidades y los Consejos Sociales, y las partes continuarán trabajando en la definición de los indicadores, los anexos financieros y el encaje jurídico del documento antes de su firma definitiva.