Pedro Sánchez dispone de siete semanas por delante para seguir aprobando medidas en el Consejo de Ministros pese a haber disuelto las Cortes y convocado elecciones para el 29 de noviembre. El presidente lo dejó claro tras el último Consejo, en el que se aprobaron dos reales decretos de emergencia en materia de vivienda: el Gobierno, dijo, “va a continuar gobernando”. Esa decisión le permite mantener la iniciativa política durante la campaña y adoptar medidas efectivas mientras el resto de formaciones solo puede prometerlas. La convalidación de las normas recaerá en la Diputación Permanente, donde Junts pierde peso y el PNV gana influencia.
El bloque de vivienda ya está en marcha con los dos decretos de 21 medidas, entre ellas una línea de 10.000 millones en préstamos de hasta 50.000 euros para la primera vivienda, deducciones para inquilinos y una prórroga de dos años de los contratos de alquiler con límite a las subidas. A ese frente, el Ejecutivo pretende sumar la actualización de salarios y prestaciones a lo largo de la campaña, con un calendario ajustado a las fechas electorales.
El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ultima la subida del salario mínimo interprofesional de 2027, que se situaría entre el 4% y el 5%, desde los 1.221 euros actuales en catorce pagas hasta una horquilla en torno a los 1.270-1.280 euros. Díaz ha dado de plazo a la comisión de expertos hasta finales de octubre o comienzos de noviembre y afronta la medida con o sin el respaldo de los empresarios. El SMI afecta a unos 2,5 millones de trabajadores, un gesto con impacto directo en el bolsillo de los asalariados con sueldos más bajos.
La revalorización de las pensiones coincide de lleno con las urnas. El Gobierno prevé confirmar la subida de 2027 el 27 de noviembre, último día de campaña, aprovechando el dato adelantado del IPC que publica el INE. La actualización, que beneficia a unos 9,5 millones de pensionistas, ronda el 3,5% según las previsiones, por encima del 2,7% de este año, en un contexto de inflación que en septiembre alcanzó el 4,9% por la escalada de la energía. El momento elegido para el anuncio, en vísperas de la votación, encaja con la estrategia de llevar las subidas sociales al centro de la campaña.
A diferencia del SMI o de los decretos de vivienda, la subida de las pensiones no es una decisión discrecional del Ejecutivo. La ley obliga desde 2022 a actualizarlas conforme a la inflación media de los doce meses anteriores, y en ejercicios recientes ya se han revalorizado sin Presupuestos aprobados, de modo que el Gobierno no puede atribuirse ese incremento como una medida propia aunque lo anuncie en plena recta final.
El alza del salario mínimo recae sobre las empresas, en especial pymes y autónomos, mientras que el de las pensiones gravita sobre un sistema con un déficit estructural de decenas de miles de millones. El Ejecutivo defiende el conjunto como una protección del poder adquisitivo frente a la inflación, en una campaña en la que la vivienda y los salarios aspiran a ser su principal argumento.
