El Ayuntamiento de Madrid aprobó este jueves, en un pleno extraordinario, el instrumento de planeamiento que adapta las Normas Urbanísticas municipales a la Ley 3/2024 de la Comunidad de Madrid y a su posterior modificación mediante la Ley 2/2026. El texto permite incrementar la vivienda protegida de alquiler sobre distintos tipos de suelo, no solo el residencial, y aprovechar durante los próximos dos años el margen temporal fijado por la normativa regional. El PP hizo valer su mayoría absoluta, con el respaldo de Vox y de los concejales no adscritos, frente al voto en contra de PSOE y Más Madrid.
Los dos planes especiales, impulsados por el área de Urbanismo que dirige Borja Carabante, permitirán sumar más de 18.400 viviendas protegidas de alquiler a las previstas hasta 2028 y facilitar la implantación de otros modos de hospedaje, como apartahoteles, en zonas industriales. Uno de los bloques procede de la transformación de usos de determinados suelos; el otro, del aumento de edificabilidad y densidad en parcelas ya reservadas a este tipo de vivienda.
La Ley 3/2024, de 28 de junio, ya permitió en su día destinar suelo de oficinas a vivienda protegida de alquiler durante quince años, un marco que el Ayuntamiento aplicó por primera vez en un pleno de octubre de 2024. La reforma de 2026 amplía ahora ese alcance a otros terrenos: de las más de 8.100 viviendas adicionales que habilita el nuevo plan, unas 4.900 se levantarían en suelo terciario de oficinas, más de 3.000 en dotacional privado y alrededor de 130 en hospedaje.
La principal novedad que introduce la Ley 2/2026 es el incentivo de incrementar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en suelos ya calificados para vivienda protegida, sin necesidad de modificar el planeamiento. El plan municipal precisa que ese margen solo se aplicará a la vivienda colectiva, y no a la unifamiliar.
El segundo instrumento modifica el régimen de compatibilidad del uso terciario de hospedaje en los ámbitos regulados por la Norma Zonal 9 del Plan General, con el fin de permitir apartahoteles y otras fórmulas de alojamiento en suelo industrial y de evitar la convivencia del uso residencial con el industrial, incompatibles según el planeamiento de 1997.
El gobierno de José Luis Martínez-Almeida defendió que estas medidas amplían la oferta y recordó que, en los 21 meses transcurridos desde la aplicación de la ley autonómica en 2024, se han tramitado 5.806 viviendas protegidas de alquiler. La oposición de izquierda votó en contra de ambos planes.
