CCOO y UGT afrontan las críticas a la huelga general que han convocado para este otoño por la vivienda, una movilización que la propia cúpula del PSOE ha calificado de «inédita» al reconocer que no se dirige contra el Gobierno, sino contra la oposición. Será el primer paro general que ambas centrales secundan desde 2012, ya en plena campaña de las elecciones del 29 de noviembre.
La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, admitió este martes que España vive una «situación inédita» con esta convocatoria. La dirigente socialista defendió que la protesta es «razonable», pero asumió que se dirige «contra posiciones políticas» de la oposición, al sostener que son los trabajadores los primeros afectados por las subidas de los alquileres y los desahucios.
La patronal fue mucho más lejos y puso en duda la propia legalidad del paro. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que una huelga por la vivienda no cabe «dentro de la legalidad» porque «no está dentro de un conflicto laboral», y la organización empresarial subraya que «las reivindicaciones que han motivado este anuncio no son, en esencia, de naturaleza laboral», sino de carácter social y político.
Los sindicatos defienden que la convocatoria se ajusta plenamente a la ley. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, replicó que la huelga está «plenamente insertada en el marco de la Constitución» y que la llevarán adelante, al vincular la pérdida de poder adquisitivo de los salarios con la imposibilidad de pagar una vivienda, mientras el líder de CCOO, Unai Sordo, abogó por llevar «esa tensión a la calle».
El carácter del paro lo distingue de todos los anteriores. Las huelgas generales que CCOO y UGT secundaron en las últimas décadas, como las de 2010 y 2012, iban dirigidas contra reformas del Gobierno de turno, mientras que esta interpela sobre todo a las administraciones con competencias en vivienda, muchas comunidades y ayuntamientos en manos del PP, y a la patronal, pero no al Ejecutivo que la propia protesta deja al margen.
La fecha definitiva se fijará junto al Sindicato de Inquilinas y los movimientos sociales, lo que situará la primera huelga general de la etapa de Sánchez en plena cuenta atrás hacia unas urnas en las que la vivienda se ha convertido en el principal campo de batalla.
