El Gobierno volverá a aprobar hoy en el Consejo de Ministros los dos reales decretos ley de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, un día después de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. La intención del Ejecutivo es llevarlos de nuevo al órgano y tratar de convalidarlos, pese a la disolución de las Cortes.
La convalidación de los decretos ya no corresponde al Pleno del Congreso, sino a la Diputación Permanente, un órgano de 69 miembros que asume las funciones de la Cámara mientras las Cortes están disueltas. Ese es el cambio de escenario sobre el que se asienta toda la estrategia del Ejecutivo.
Junts, cuyo voto en contra resultó decisivo para tumbar los decretos en el Pleno, pasa a tener un único representante en la Diputación Permanente, lo que reduce su peso y podría permitir al Gobierno reunir la mayoría que le faltó el viernes, al menos para el primero de los textos.
Los críticos hablan de fraude de ley porque volver a aprobar una norma casi idéntica a la rechazada y llevarla a un órgano de composición distinta y más favorable, aprovechando la disolución de las Cortes, supondría emplear un procedimiento legal no para su fin propio, sino para sortear una decisión que el Congreso acababa de adoptar, respetando la letra de la norma pero burlando su espíritu.
El Gobierno y los partidarios de la medida defienden que la maniobra es plenamente constitucional. Sostienen que el Ejecutivo no queda en funciones con el anuncio electoral y conserva sus atribuciones hasta los comicios, por lo que puede seguir dictando reales decretos ley, y que la Diputación Permanente es precisamente el órgano que la Constitución designa para convalidarlos cuando las Cámaras están disueltas, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Los nuevos textos no serán exactamente iguales a los tumbados. Según fuentes de Moncloa, el Consejo de Ministros trabaja en una redacción con modificaciones que permita recuperar el mayor número posible de medidas, entre ellas el escudo antidesahucios, aunque en el Gobierno aún se estudia la fórmula jurídica definitiva.
El Real Decreto-ley 27/2026, destinado a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler, fue rechazado también por el PNV, por lo que su convalidación en la Diputación Permanente dependería de los nacionalistas vascos y afrontaría más obstáculos que la primera norma, en una operación cuyo resultado se conocerá en los próximos días.
