El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, anunció durante la Asamblea General de las Naciones Unidas la candidatura de Marruecos a un puesto de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2028-2029. Rabat justifica su aspiración en la voluntad de contribuir «de forma activa y responsable» al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Bourita fundamentó la candidatura en lo que describió como las contribuciones de Marruecos a los tres pilares del sistema internacional: la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la primacía del derecho. El jefe de la diplomacia marroquí la vinculó a la trayectoria del Reino y a la visión del rey Mohamed VI, que aspira a situar al país como «actor de estabilidad y socio fiable» en la escena internacional.
De resultar elegido, Marruecos ocuparía por cuarta vez un asiento en este órgano, tras los períodos 1963-1964, 1992-1993 y 2012-2013. Los miembros no permanentes son elegidos por la Asamblea General, y Rabat necesitará el apoyo de dos tercios de los Estados presentes y votantes en una elección prevista para 2027.
El puesto tendría implicaciones directas sobre uno de los grandes contenciosos de Marruecos. El Consejo de Seguridad es el órgano encargado de renovar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental, la Minurso, por lo que un asiento reforzaría la posición de Rabat en un momento en el que defiende que la autonomía bajo soberanía marroquí es la vía «irreversible» para el territorio, en línea con la reciente Resolución 2797.
La candidatura cuenta además con un respaldo de peso. Marruecos tiene el apoyo explícito de Francia, según diversos análisis diplomáticos, lo que refuerza sus opciones de lograr el escaño y añade presión sobre el resto de socios europeos de cara a la votación.
España afronta con esta candidatura un nuevo problema diplomático. Madrid tendrá que pronunciarse con su voto en 2027, en plena tensión bilateral con Rabat tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio y en un contexto delicado por la cuestión del Sáhara, lo que convierte esa decisión en una papeleta incómoda para el Gobierno, obligado a elegir entre respaldar a su vecino o tensar aún más una relación ya deteriorada.




