El Gobierno ultima con sus socios un nuevo decreto de vivienda que suspende hasta finales de 2028 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y permite prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler que lleguen a su fin. El Ejecutivo quiere aprobar el texto este martes 29 de septiembre en el Consejo de Ministros, tras varios días de intercambio de borradores con las formaciones parlamentarias.
La prórroga afectaría a los alquileres vigentes cuya fecha de finalización sea anterior al 31 de diciembre de 2028, que podrían alargarse hasta un máximo de dos años en las mismas condiciones, siempre que el inquilino lo solicite de nuevo cada año. Es una medida que ya estuvo en vigor esta primavera, en el decreto impulsado por Sumar que el Congreso acabó derogando.
La protección frente a los desahucios se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028 para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y carezcan de otra vivienda. El decreto lleva el nombre extraoficial de «decreto Maricarmen», en referencia a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre de su piso del madrileño barrio de Retiro, cuyo caso reactivó la negociación.
El texto incorpora también incentivos fiscales para los caseros. El Gobierno modifica el IRPF para fijar reducciones de entre el 70% y el 100% del rendimiento del alquiler, según las condiciones del contrato, la ubicación del inmueble y la edad del inquilino, además de una desgravación para los arrendatarios y una regulación más estricta del alquiler temporal.
El veto a los fondos buitre, sin embargo, no está cerrado. El Ministerio de Vivienda, que dirige Isabel Rodríguez, defiende la «prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre» bajo el lema de que «las viviendas son para vivir», pero el último borrador todavía no incluye esa medida, que Junts reclama limitar a un veto temporal y que sigue en discusión junto a la prohibición de desahuciar a inquilinos vulnerables de pisos propiedad de esas empresas.
La negociación no satisface por igual a todos los socios. Sumar considera insuficiente el borrador y ha amenazado con no acudir al Consejo de Ministros si el texto no endurece las medidas, mientras el Gobierno apura los contactos con Junts y Podemos para asegurar los apoyos. La aprobación en el Consejo sería solo el primer paso: el Congreso tendría después 30 días para convalidar el decreto, el mismo examen que no logró superar la norma de marzo, tumbada por PP, Vox y Junts.
