Varios testigos han declarado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Ion Antolín, exjefe de prensa del PSOE, fue quien decidió que el partido pagara una campaña de publicidad al medio digital Crónica Libre, cabecera en la que estaba en nómina Leire Díez, la exmilitante socialista conocida como «fontanera». Los testimonios atribuyen directamente a Antolín la determinación de financiar esa campaña con fondos del partido.
La declaración añade un nuevo hilo a la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la presunta red que habría operado para interferir en causas judiciales sensibles para el PSOE y el entorno del Gobierno. Los agentes tratan de reconstruir por qué vías llegó dinero del partido hasta Díez y quién autorizó esos pagos.
La UCO ya había cifrado con anterioridad en 43.225 euros el dinero que Díez recibió entre agosto de 2024 y enero de 2025, canalizado a través de dos intermediarios. Cuatro transferencias de 4.000 euros procedían de la consultora Zaño, vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, y una quinta de 27.225 euros salió de una sociedad relacionada con el abogado Ismael Oliver, primer letrado de Koldo García. Según los investigadores, esas nóminas habrían sido en realidad un método para hacerle llegar fondos con origen en el PSOE.
La investigación se remonta a los audios difundidos a comienzos de 2026, en los que Díez aparecía tratando de recabar información contra jueces y fiscales. A partir de ahí, Pedraz amplió el foco hasta una presunta estructura coordinada de captación de información sensible y campañas de descrédito, en la que figuran la propia Díez, varios abogados, empresarios y antiguos cargos socialistas. El 27 de mayo, agentes de la UCO registraron durante más de doce horas la sede federal del partido en la calle Ferraz.
Leire Díez, que solicitó su baja voluntaria del PSOE en junio de 2025, ha negado haber actuado por encargo del partido y sostiene que sus contactos formaban parte de una investigación periodística para un libro. Los hechos permanecen bajo instrucción y las personas mencionadas no han sido condenadas, en una causa que sigue sumando declaraciones y nuevas líneas de análisis por parte de la Guardia Civil.
