El Gobierno de Pedro Sánchez volvió a chocar con sus socios europeos en su intento de convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales de la Unión Europea. El Ejecutivo llevó la cuestión de nuevo al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, en el octavo intento desde 2023, sin acercarse a la unanimidad de los Veintisiete que necesita para modificar el régimen lingüístico comunitario.
La novedad de esta ocasión estuvo en la presión ejercida en torno a la ampliación de la Unión. España defendió que las tres lenguas cooficiales deberían reconocerse antes de incorporar nuevos idiomas derivados de la entrada de futuros Estados miembros, como Montenegro o Albania, una estrategia que buscaba forzar el desbloqueo pero que ha irritado a varias delegaciones.
Lituania, Alemania y Suecia rechazaron mezclar ambos asuntos. El viceministro lituano de Asuntos Europeos, Sigitas Miktus, calificó de inaceptable la condición española, mientras el secretario de Estado alemán, Gunther Krichbaum, advirtió del riesgo de introducir debates que dañen la unidad europea y recordó que, si la lengua oficial se considerara un requisito de integración, correspondería decidirlo al Tribunal de Justicia de la UE. La ministra sueca, Jessica Rosencrantz, reclamó un «proceso serio» basado en análisis técnicos y defendió que la ampliación siga su propio curso.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, llegó a la reunión asegurando que «ya no hay argumentos para oponerse» a la petición española. El Ejecutivo sostiene que España asumiría los costes derivados de la medida y niega que sea necesaria una reforma de los tratados, pero esas explicaciones no despejaron las reservas que mantienen varios Estados.
La cuestión figuraba como un punto informativo del orden del día, sin que estuviera prevista ninguna votación. El Gobierno defendió la necesidad de «poner fin a la discriminación» de los millones de españoles con más de una lengua oficial, que a su juicio merecen el mismo reconocimiento que los ciudadanos de otros Estados con varias lenguas oficiales, antes de que se incorporen idiomas de países candidatos.
Croacia se sumó a quienes reclaman cautela. Su secretaria de Estado, Andreja Metelko-Zgombic, describió la sesión como un mero intercambio de información y reiteró la necesidad de contar con informes jurídicos y de impacto institucional antes de adoptar cualquier decisión definitiva.
La petición española arrancó formalmente en agosto de 2023, en el marco de las negociaciones del Gobierno con Junts para la investidura de Sánchez. Tres años y ocho intentos después, la oficialidad del catalán en las instituciones europeas continúa bloqueada por la falta de la unanimidad que exige el Consejo, mientras el catalán, el euskera y el gallego mantienen únicamente el estatus de lenguas de comunicación pactado en acuerdos bilaterales desde 2005.
