El juez Juan Carlos Peinado acordó este lunes enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el mismo auto, de 67 folios, el magistrado abre juicio oral contra la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, a la que atribuye un presunto delito de malversación en calidad de cooperadora necesaria.
La decisión llega en la última semana de Peinado al frente del juzgado, ya que el instructor tiene prevista su jubilación el próximo domingo 27 de septiembre. El magistrado ha cerrado así la instrucción de una causa que arrancó hace dos años y cinco meses con una denuncia del colectivo Manos Limpias, y que ahora se elevará a la Audiencia Provincial de Madrid para que fije fecha de juicio, un trámite que suele tardar de media entre cuatro y ocho meses.
Se trata de la segunda apertura de juicio oral contra ambas, después de que la Audiencia Provincial anulara en julio la anterior, ordenara retrotraer las actuaciones y acotara el procedimiento al archivar dos delitos y levantar las medidas cautelares que pesaban sobre las investigadas. El tribunal, sin embargo, avaló que Gómez y Álvarez fueran juzgadas por un jurado popular.
El juez describe en su resolución una «actuación conjunta y convergente» entre ambas. Según Peinado, Gómez ejerció como «promotora, directora e interlocutora principal» de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid ante la universidad, las empresas y terceros, mientras Álvarez habría desempeñado de forma continuada funciones de apoyo operativo, con intervención en reuniones y comunicaciones. El magistrado sitúa el presunto tráfico de influencias tanto en la creación de esa cátedra como en la «intermediación en favor» del empresario Juan Carlos Barrabés, y aprecia malversación por el destino de un software y por el uso para fines privados de su asistente en Moncloa.
El empresario Barrabés, tercer investigado, queda fuera de este juicio con jurado. La Audiencia acordó que la causa contra él continúe instruyéndose por separado en lo relativo a la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos, de modo que solo Gómez y Álvarez se sentarán, de momento, en el banquillo.
El juicio se dirimirá ante un jurado popular formado por nueve ciudadanos elegidos por sorteo y un magistrado que lo preside. Serán los miembros del jurado quienes deban alcanzar un veredicto sobre la culpabilidad de las acusadas, mientras que corresponde al juez que dirija la vista dictar la sentencia conforme a ese veredicto.
Las posiciones de las partes están muy distanciadas. La Fiscalía se mantiene firme en su criterio inicial de que no existen indicios de delito, y las defensas piden la absolución. Solo la acusación popular que ejerce Hazte Oír reclama condena, con una petición de 13 años de cárcel para Begoña Gómez y 6 para Cristina Álvarez. La causa encara ahora su fase decisiva justo cuando el juez que la ha instruido se dispone a abandonar la carrera judicial.
