El Gobierno ha suspendido la licitación de emergencia que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había activado para desplegar una red pública de wifi gratuito en la zona del Tarajal, en Ceuta, destinada a los migrantes que permanecen en la ciudad y a las organizaciones que los atienden. La orden de frenar el proyecto partió de instancias superiores del Ejecutivo y se trasladó al departamento que dirige Elma Saiz, principal impulsor del concurso.
El plan contemplaba la instalación de tres puntos de acceso a internet a través de Telefónica en los campamentos temporales habilitados tras la llegada masiva del 30 de julio. Cada punto podía dar servicio a unas 10.000 personas con un uso normal, hasta un total de 30.000 usuarios, y la infraestructura estaba concebida también para dar soporte al personal y a las ONG que desarrollan labores asistenciales sobre el terreno, en una playa donde la saturación de las redes móviles había dificultado la operativa.
La contratación se tramitó por la vía de emergencia, sin concurso público ni anuncio previo en los portales de contratación, al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite la adjudicación directa ante necesidades inaplazables de interés público. Antes de recurrir a Telefónica el departamento había contactado en agosto con Orange y Vodafone para que asumieran la conectividad de los nuevos recursos, sin obtener respuesta.
Los sectores críticos con la gestión del Gobierno pusieron el foco en la ausencia de licitación pública y en el empleo de dinero público para dar conexión a internet a los migrantes mientras persisten otras necesidades sin cubrir en una ciudad marcada por los incendios en asentamientos improvisados y las advertencias policiales sobre el riesgo de disturbios.
Desde el Ministerio se defendió que la finalidad del despliegue no era únicamente asistencial, sino que buscaba garantizar la actividad de las entidades que gestionan los centros, coordinar los operativos desplegados y agilizar la tramitación de los expedientes de las personas acogidas, tareas que dependen de una conexión estable. La cobertura se sumaba a la que ya prestaba Orange en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.
El contrato, pese a su carácter «urgente», nunca llegó a firmarse. El Gobierno fue dilatando la formalización a medida que crecía la polémica, hasta suspender finalmente la licitación por completo, en una marcha atrás que evidencia el coste político que el Ejecutivo atribuye a una medida concebida como refuerzo técnico y que la oposición convirtió en un nuevo frente de crítica sobre la gestión de la crisis.
