El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que anule la rama de la investigación del juez José Luis Calama referida a sus negocios en Bolivia. Su abogado, Víctor Moreno Catena, sostiene que el magistrado no puede revisar «cualquier actuación personal o profesional» de la vida del investigado, y reclama que esa línea de pesquisa quede fuera del expediente.
El origen del recurso está en un informe de la UDEF que vincula un pago de 200.000 euros de la empresa Focus Social Research con gestiones que Zapatero habría realizado en favor del Grupo Gloria, un conglomerado de capital peruano, ante el Gobierno boliviano. La defensa considera que el hallazgo de ese cobro es fruto de una investigación «prospectiva» sobre todo el material incautado, y niega que esos hechos formen parte legítima del perímetro del caso Plus Ultra, la causa por la que el expresidente está siendo investigado.
Moreno Catena reconoce en su escrito que el objeto de la investigación es de «cristalización progresiva» y que el imputado no tiene un «blindaje» ante nuevos hechos, pero sostiene que el magistrado no puede dirigir la causa hacia cualquier faceta de la vida del investigado. El letrado reprocha que la unidad policial haya emitido su informe «como resultado de una investigación general» que se extiende a toda la actividad profesional del expresidente.
El recurso incorpora una segunda cuestión especialmente sensible: el derecho a la intimidad económica. La defensa afirma que la UDEF empleó información bancaria que, cuando elaboró el informe sobre Bolivia, excedía la autorización judicial existente, y advierte de que ese acceso permitió reconstruir prácticamente toda la actividad financiera de Zapatero durante varios años. El escrito teme que ese material sirva para abrir de forma sucesiva nuevas investigaciones sobre el expresidente.
Zapatero pretende que la Sala marque una frontera nítida: lo relacionado con Plus Ultra, dentro de la causa; sus actividades profesionales sin vínculo acreditado con aquella operación, fuera. La defensa subraya que los indicios del supuesto delito de tráfico de influencias «se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra», y cuestiona que se afirme la existencia de una red con fines delictivos para después emprender una búsqueda general sobre el resto de sus gestiones.
El movimiento no implica que Calama haya abierto una causa nueva por Bolivia, sino que el debate gira en torno a hasta dónde puede llegar la investigación ya existente. El expresidente ya había pedido antes al propio juez que rectificara y sacara de la causa el informe sobre sus negocios en el país andino, sin éxito, por lo que ahora eleva esa pretensión a la Sala de lo Penal. Conviene subrayar que se trata de una investigación en curso, que Zapatero no está condenado y que está amparado por la presunción de inocencia. El expresidente, que se proclama inocente y niega cualquier intervención en el rescate de Plus Ultra, mantiene abierta esta batalla procesal sobre los límites de la instrucción mientras la causa principal sigue su curso.
