La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declaró este miércoles como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que fue el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, quien le ordenó realizar los pagos bajo sospecha en el conocido como «caso Leire Díez». Fuentes, que compareció visiblemente nerviosa según fuentes judiciales, negó haber abonado las facturas por iniciativa propia y sostuvo que se limitó a ejecutar las órdenes de Cerdán, entonces número tres del partido y también investigado en la causa.
Fuentes se desligó de cualquier trato con la exmilitante socialista y aseguró que no conoce a Leire Díez, de quien se investiga si recibió dinero a través de los pagos a los letrados a cambio de sus presuntos servicios al partido. La gerente descargó la responsabilidad en Cerdán al alegar que era él quien ordenaba y daba el visto bueno a las notas de encargo y a las facturas, y afirmó que ella «no controlaba» concretamente en qué se gastaba el dinero.
El juez Pedraz apuntó en un auto a la responsabilidad indiciaria de Fuentes al menos como supuesta cómplice y, en todo caso, como presunta autora de un delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la gerente, con la «intermediación» de Leire Díez, habría falseado dos notas de encargo a los despachos de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, este último letrado del propio Cerdán, en fechas en las que no consta que estuvieran prestando asesoramiento jurídico al PSOE.
La sospecha de los investigadores es que esos pagos servían para retribuir las maniobras que presuntamente instigaba Leire Díez para proteger a los socialistas y a Pedro Sánchez frente a las causas judiciales que les afectan. Fuentes explicó que las contrataciones de los letrados fueron verbales, algo autorizado en el PSOE, y que después se elaboraban las hojas de encargo necesarias para proceder a los pagos, ante lo que definió como un «aluvión» de causas judiciales contra el partido.
Como directora gerente federal, Fuentes dirigía además el comité de cumplimiento normativo del PSOE, el organismo que debe velar por la corrección de los procedimientos internos para impedir la comisión de delitos, un aspecto clave para evitar una eventual imputación del partido como persona jurídica. Tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por el PP, le preguntaron por la existencia de procedimientos reglados para autorizar viajes, varios de ellos pagados a Díez, y otros gastos.
El abogado Ismael Oliver, que declaró a continuación, reconoció que fue contratado para colaborar con el departamento jurídico del PSOE ante las causas abiertas, pero admitió que no llegó a conocer al jefe jurídico del partido, Alberto Cachinero. La UCO investiga si el PSOE utilizó empresas a nombre de Oliver y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías para hacer llegar a Díez al menos 43.225 euros, mediante varias sociedades interpuestas y una serie de pagos registrados entre 2024 y 2025.
La declaración se enmarca en la investigación de la presunta trama que, según el instructor, habría liderado Santos Cerdán y coordinado Leire Díez para tratar de desbaratar las causas judiciales que cercan al Gobierno y al PSOE. Conviene subrayar que se trata de una investigación en curso y que todas las personas mencionadas están amparadas por la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme. La estrategia de Ferraz, que mantiene desde que estalló el caso, sigue siendo levantar un muro entre la dirección del partido y la conocida como «fontanera», una línea de defensa que la declaración de su gerente, al señalar a Cerdán, vuelve a poner de relieve.
