La tesis con la que Pedro Sánchez blindó su gestión de la crisis de Ceuta ante el Congreso descansa sobre una frase: ningún informe previó «ni la escala, ni la probabilidad» de lo que ocurrió el 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas —el Ministerio del Interior llegó a manejar cifras de entre 50.000 y 70.000— cruzaron a nado y bordeando el espigón de El Tarajal. Los cuarenta documentos que el propio Ejecutivo desclasificó permiten por fin contrastar esa afirmación con lo que sabían los servicios del Estado. Y el resultado es desigual: sobre la magnitud, el Gobierno tiene argumentos; sobre la probabilidad, muchos menos.
Empecemos por donde la versión oficial se sostiene. Ninguno de los informes anteriores al 30 de julio puso número a una entrada de decenas de miles de personas. La nota de análisis del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras del 29 de julio incluía una tabla de escenarios en la que las «entradas a nado» figuraban con un riesgo apenas «bajo-medio»; el escenario más grave, el de un asalto coordinado por mar y valla, se marcaba como de probabilidad «media-baja». El antecedente que manejaban los analistas era el episodio de 2018, con algo más de 600 personas. El propio CENIF, ya con la crisis desatada, reconocía el 31 de julio que el fenómeno se había articulado mediante una «auto-organización horizontal» entre los migrantes que introducía «un criterio aún mayor de incertidumbre» sobre la magnitud. Ni siquiera quienes vigilaban las redes se atrevían a poner cifra. En ese sentido estricto, es cierto que ningún papel anticipó la escala.
El problema aparece con la segunda mitad de la frase. Que algo iba a ocurrir en torno al 30 de julio, coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí, no solo estaba previsto: estaba avisado por escrito y por varios organismos a la vez. El CENIF emitió el 29 de julio una alerta sobre «riesgo de entrada masiva» y al día siguiente la elevó a nivel «extremo» con «carácter inmediato». El Centro Nacional de Inteligencia había identificado grupos que convocaban el salto para ese jueves. El Regimiento de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra, en un informe fechado a las 11:50 del 30 de julio, valoró como «muy probable» una entrada masiva ese mismo día. Y tres semanas antes, el 8 de julio, una nota de la Guardia Civil ya había advertido de que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en el mar iba a provocar un «efecto llamada» hacia las entradas a nado.
La sentencia recorre todo el expediente como hilo conductor. Dictada el 29 de junio y difundida el 8 de julio, distinguía entre el rechazo en frontera —aplicable a quien salta la valla— y la devolución con garantías —obligatoria para quien es interceptado en el mar—, lo que en la práctica dejaba sin herramienta de respuesta inmediata frente a los nadadores. Los datos de la propia Guardia Civil dibujan a partir de ahí una curva inequívoca: las entradas consumadas a nado en Ceuta se dispararon un 837% entre la primera y la segunda quincena de julio, y el Centro de Coordinación del Estrecho cifró el aumento respecto al año anterior en más de un 1.300%. No era un goteo estacional cualquiera.
La defensa del Gobierno, sostenida también por Interior, se apoya en un matiz técnico: lo que los servicios llaman «entrada masiva» se activa con un flujo de apenas un centenar de personas, una cifra que no tiene nada que ver con las decenas de miles que acabaron cruzando. Es un argumento razonable sobre el papel, pero choca con la lógica que la propia comunidad de inteligencia reivindica: advertir de que un riesgo existe y crece, no acertar la cifra exacta. Si la alerta estaba sobre la mesa y no se tradujo en un dispositivo suficiente, el foco se desplaza del que avisa al que decide. Un parte del Estado Mayor de la Guardia Civil lo ilustra: el 30 de julio, con miles de personas entrando, Ceuta dispuso a lo largo del día de 243 agentes, y el refuerzo —tres pelotones— se fue activando pasado el mediodía, con el perímetro ya roto. El propio documento admite que el esfuerzo era «similar al empleado en 2021».
Hay un tercer frente donde los papeles no ofrecen una versión única: el papel de Marruecos. Ahí los propios servicios españoles se contradicen entre sí. La Jefatura de Información de la Guardia Civil sostuvo el 30 de julio que era «poco probable» una dejación marroquí, apoyándose en las casi quinientas interceptaciones registradas esa jornada. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en cambio, calificó de «muy probable» una actuación «negligente y pasiva» y no descartó que Rabat quisiera «explotar la situación». El CNI, en su análisis del día, subrayó la «profunda distorsión» entre el discurso de socio fiable del rey Mohamed VI y la pasividad observada sobre el terreno. Y esa misma Jefatura de Información que el día 30 exculpaba a Marruecos, en su valoración del 31 ya vinculaba el regreso a una «actitud proactiva» de las fuerzas marroquíes al final de la Fiesta del Trono: describía, sin nombrarlo así, un patrón de contención suspendida durante la festividad y recuperada después.
Conviene una precisión sobre la sentencia. La mayoría de los documentos la citan correctamente como STS 814/2026, de 29 de junio, que es la referencia consolidada de la resolución del Supremo. Algunos informes operativos de la Guardia Civil, en cambio, la numeran como 2965/2026 y la fechan el 8 de julio —el día en que se difundió, no en que se dictó—, un desliz que se repite de un parte a otro y que da idea de la premura con que se redactaron aquellas jornadas.
El balance, con los papeles delante, es más incómodo para el Gobierno de lo que sugería su relato.
Puede descargar los informes aquí.
