El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes en Madrid el portal de Casa 47, la entidad estatal de vivienda y suelo, durante el acto «Más vivienda pública, más vivienda asequible» celebrado en el Espacio Larra. La plataforma centraliza el acceso al parque público estatal de alquiler asequible y arranca con 800 viviendas disponibles, según el presidente, a las que «muy pronto» se sumarán otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. Al acto asistió también la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
Las cifras reales son algo más modestas que las anunciadas desde el atril. Según los datos de la propia Casa 47, la nueva convocatoria pone a disposición de la ciudadanía 645 viviendas recuperadas de la Sareb, distribuidas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y Asturias, que se unen a las 171 de la convocatoria anterior hasta sumar 816 inmuebles entre ambas. El portal idealista rebajó a «poco más de 600» las unidades realmente disponibles en el momento del lanzamiento.
«Es una tremenda injusticia que tener una vivienda digna se haya convertido para demasiada gente en una aspiración casi imposible», afirmó Sánchez, que reivindicó «alquileres realistas para salarios reales». El presidente defendió que estas viviendas mantendrán de forma permanente su carácter protegido «sin importar quién gobierne», y cargó contra los ejecutivos que en el pasado permitieron que el patrimonio público de vivienda acabara «en los llamados fondos buitre, de esos que anteponen la especulación a la dignidad humana».
El portal permite consultar las convocatorias abiertas, comprobar los requisitos, buscar inmuebles y presentar la solicitud de forma telemática mediante Cl@ve o certificado electrónico, con la idea, según el Gobierno, de que pedir un piso público sea «tan fácil como reservar un hotel». Las adjudicaciones se resuelven mediante sorteo notarial entre las solicitudes admitidas, y los contratos serán de larga duración, con posibilidad de prórroga de hasta 75 años.
Las condiciones económicas exigen acreditar unos ingresos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM, es decir, entre unos 16.800 y 63.000 euros netos anuales, y contar con residencia legal y sin otra vivienda en propiedad. El alquiler de la vivienda adjudicada no podrá superar el 30% de los ingresos netos mensuales de la unidad de convivencia ni bajar del 15%, con un tope de precio fijado por comunidades autónomas y calculado, por primera vez, en función de lo que la ciudadanía puede pagar y no de lo que costó construir el inmueble.
Los precios de compraventa subieron un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, según el INE, mientras el alquiler sigue disparado. Sánchez enmarcó la iniciativa en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y presumió de haber movilizado más de 120.000 viviendas de alquiler asequible y de haber licitado 2.800 nuevas en el primer trimestre del año, el mayor volumen de licitación pública en 18 años. Casa 47, nacida de la reestructuración de Sepes, aspira a situar a España en el estándar europeo de vivienda pública, cifrado en torno al 8% del parque total, muy lejos del nivel actual.
