El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido este jueves un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que le transmite su «preocupación» por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria de Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas. La magistrada vetó a los investigadores trasladar cualquier dato sobre el contenido y la elaboración del informe policial incorporado a la causa.
Ese informe, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), llegó a la Audiencia Nacional sin conocimiento previo del ministro ni de los responsables políticos encargados de gestionar la crisis. El documento apunta a agentes marroquíes como responsables de planificar la entrada masiva del 30 y 31 de julio, con el objetivo de colapsar la respuesta de España, unas conclusiones que trascendieron en los medios antes de que Marlaska recibiera una explicación de la cúpula policial.
«Como ministro del Interior, y también como magistrado, respeto escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial», señala Marlaska en su carta, en la que sostiene que la decisión de Tardón dificulta «la gestión de una crisis de tal magnitud». El ministro defiende que «no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones».
La información de la que dispone la Policía Nacional es «de gran interés» para Interior y para que el Gobierno ejerza «con el mayor acierto sus funciones», argumenta el ministro, que reclama compatibilizar, «sin que se resienta la independencia judicial», que la policía judicial informe a los jueces y al mismo tiempo facilite al Ejecutivo cuanta información sea relevante para la defensa de la seguridad pública y la seguridad nacional.
Perelló ha replicado con otra misiva en la que pide al ministro «máximo respeto» hacia la actuación de la magistrada. La presidenta del CGPJ dice compartir con Marlaska «la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis», pero deja claro que «la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto». Recuerda además que tanto ella como el propio Consejo tienen «constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales».
El director general de la Policía, Francisco Pardo, sostuvo que los agentes tenían instrucciones judiciales de guardar silencio ante sus superiores y que Tardón solo autorizó este miércoles la entrega del documento, ante lo que Marlaska le pidió explicaciones por el fallo en la transmisión de una información directamente relacionada con las posibles responsabilidades de Marruecos y con las alertas policiales previas al asalto. La polémica alimenta la controversia sobre qué sabían los distintos organismos del Estado antes del 30 de julio y refuerza el pulso político sobre la gestión de una crisis que sigue marcando el arranque del curso.
