El Gobierno ha impulsado este martes una nueva Ley de Asilo y una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería con el objetivo declarado de adaptar el ordenamiento español al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado en 2024 y en vigor desde el pasado 12 de junio. El Consejo de Ministros, el primero tras el parón estival, aprobó ambos anteproyectos en primera vuelta, dentro de un paquete más amplio de respuesta a la crisis.
El corazón de la reforma es la puesta en marcha en España del cribado europeo. Los textos activan el llamado «triaje» tanto en las costas canarias como en las fronteras de Ceuta y Melilla, un procedimiento obligatorio para quienes crucen de forma irregular que incluye reconocimiento médico, identificación y comprobaciones de seguridad en un máximo de 72 horas. Se incorpora además un procedimiento fronterizo de hasta doce semanas para tramitar las solicitudes de protección internacional en la propia frontera, un mecanismo que impide la entrada en territorio nacional de quienes llegan irregularmente y no tienen derecho a asilo, y que ya tuvo un precedente reciente en la devolución de 85 inmigrantes desde El Hierro. Quienes vean rechazada su solicitud recibirán la denegación de entrada junto a la obligación de abandonar el país.
El Gobierno ha querido subrayar el carácter equilibrado de la reforma. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que ambos anteproyectos se han elaborado con un enfoque garantista de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, con atención especial a menores y personas vulnerables, al tiempo que buscan reforzar el control fronterizo y agilizar los procedimientos. La nueva Ley de Asilo actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria, e incorpora de forma expresa realidades como la persecución por motivos de orientación sexual o de género. La portavoz del Gobierno y ministra de Migraciones, Elma Saiz, insistió en que ambas normas se venían trabajando desde antes y no son una mera respuesta a Ceuta.
La medida más llamativa de la jornada fue, sin embargo, la declaración de Ceuta como zona de interés para la seguridad nacional. Por primera vez en la historia, el Consejo de Ministros activó esta figura, prevista en la Ley de Seguridad Nacional, que se extenderá al menos hasta el 31 de diciembre y que da paso a la creación de una autoridad funcional o mando único. Al frente estará el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y en él colaborarán el Gobierno, las autoridades de Ceuta, con su presidente Juan Jesús Vivas y el delegado del Gobierno, y representantes del CNI y del Departamento de Seguridad Nacional. El objetivo es acelerar la toma de decisiones y coordinar las devoluciones, las repatriaciones y la acogida humanitaria. Con este paso, el Gobierno atiende finalmente, aunque sea con otro nombre, la reclamación de mando único que Vivas y el PP venían exigiendo desde el primer día.
El paquete se aprobó horas después del Consejo de Seguridad Nacional extraordinario convocado por Pedro Sánchez, y coincidió con la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso, donde defendió la labor del CNI y descartó que Marruecos orquestara el asalto, al atribuirlo a una autogestión de individuos. El calendario legislativo, no obstante, será largo: los anteproyectos deben pasar ahora por los ministerios implicados y recabar los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos consultivos antes de llegar a las Cortes, donde el Gobierno necesitará tejer mayorías. La reforma llega, además, en un momento de fuerte presión, con Bruselas respaldando el mando único pero urgiendo a acelerar las devoluciones, con Rabat manteniendo su reivindicación sobre Ceuta y con una ciudad que sigue lejos de recuperar la normalidad casi un mes después de la avalancha.
