El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado la tramitación de su Zona de Bajas Emisiones con la publicación de la regulación en el Boletín Oficial de la Provincia este lunes, un paso que convierte en normativa municipal un proyecto que la ciudad lleva años preparando. El Consistorio ha subrayado, sin embargo, que la publicación no implica la aplicación inmediata de restricciones a la circulación. La regulación entrará en vigor una vez transcurrido el plazo legal de quince días desde su publicación, momento en el que arrancará un periodo de 18 meses de carácter exclusivamente informativo, sin limitaciones ni sanciones vinculadas a la zona.
El calendario contempla una implantación muy gradual. Tras esa primera fase informativa de 18 meses, destinada a que los residentes puedan inscribir sus vehículos en el Registro Municipal de la ZBE, se abrirá un segundo periodo en el que tampoco se impondrán multas, aunque el Ayuntamiento sí comunicará a los infractores la comisión de la infracción a efectos meramente informativos. El régimen sancionador no será aplicable hasta que transcurran 36 meses desde la entrada en vigor, lo que sitúa las primeras multas efectivas en 2029. Las sanciones por circular sin autorización serán de 200 euros, ampliables en un 30% en caso de reincidencia.
El perímetro afectará al corazón de la ciudad. La zona abarcará casi la totalidad del barrio de El Toscal y la Zona Centro, un área de alta densidad residencial y con los principales polos de atracción de viajes, como oficinas, comercios y sedes administrativas. Sus límites los conforman tres de las grandes vías capitalinas: la calle Méndez Núñez, la Rambla de Santa Cruz y la Avenida de Anaga. Se trata de uno de los espacios con mayor movimiento de la isla, con cerca de 200.000 desplazamientos diarios, lo que da la medida del impacto que la medida tendrá a medio plazo sobre la movilidad en el municipio.
La ordenanza incorpora, además, un amplio abanico de excepciones para amortiguar su efecto. Podrán acceder, previa inscripción o autorización, los residentes, los servicios públicos, los taxis, el transporte sanitario, las personas con movilidad reducida y los profesionales que trabajen dentro de la zona, así como los vehículos vinculados a comercios, reparto de mercancías o centros educativos. La norma prevé también facilidades para las personas con ingresos que no superen el doble del Iprem, que no pueden renovar su coche por motivos económicos, y para los cuidadores de personas dependientes empadronadas en la zona, en un intento de evitar perjuicios a los colectivos más vulnerables.
El proyecto llega, no obstante, con un considerable retraso sobre el calendario inicial. La normativa europea obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con una Zona de Bajas Emisiones desde finales de 2023, un plazo que Santa Cruz ha ido incumpliendo con sucesivos aplazamientos. El Consistorio defiende que la fase informativa servirá para dar a conocer las condiciones y excepciones de la regulación y facilitar la adaptación progresiva de la ciudadanía a un nuevo modelo de movilidad orientado, según el Ayuntamiento, a mejorar la calidad del aire y reducir el ruido y las emisiones contaminantes del tráfico. Queda por despejar, en cualquier caso, una incógnita de fondo que las voces críticas vienen señalando: sin conocer cuántos vehículos circulan hoy por la ciudad sin etiqueta ambiental, resulta difícil calibrar si la medida tendrá un impacto real en la calidad del aire o si se limitará a cumplir un trámite legal largamente demorado.
