El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por el PP para que ordenara al Gobierno adoptar en un plazo máximo de 24 horas las decisiones organizativas necesarias para asegurar que los ministros comparezcan en el Senado durante este mes de agosto, a raíz de la crisis migratoria de Ceuta. La Sala de vacaciones del alto tribunal, en un auto dictado este sábado, concluye que tres senadores del Grupo Popular no han acreditado la especial urgencia que justificaría adoptar una decisión de tanto calado sin escuchar antes a la parte contraria.
El núcleo del rechazo es de naturaleza procesal. El Supremo razona que la medida cautelarísima, la vía más excepcional y rápida, se reserva para casos de urgencia extrema en los que dar audiencia al Gobierno haría perder su sentido a la resolución, y considera que ese supuesto no concurre aquí. El tribunal subraya que el control parlamentario vinculado al ejercicio del cargo no exige producirse exclusivamente en agosto para ser eficaz, y que el interés público de la crisis de Ceuta se mantendrá en el tiempo, por lo que resolver el asunto por el cauce ordinario no privará de finalidad al recurso ni supondrá un retraso excesivo. Adoptar la medida de forma inmediata, advierte, convertiría en meramente ilusorio el derecho de audiencia del Ejecutivo.
El auto no cierra la puerta al fondo del asunto, sino que lo reconduce. Los magistrados aclaran que su pronunciamiento se limita a la solicitud urgente y no anticipa ninguna decisión sobre la jurisdicción, la competencia o la admisibilidad del procedimiento principal. En consecuencia, el Supremo ordena tramitar el incidente cautelar por la vía ordinaria y concede un plazo de diez días a la Abogacía del Estado para que presente alegaciones, de modo que la posibilidad de que los ministros acaben compareciendo sigue abierta, aunque no con el carácter inmediato que reclamaban los populares.
La iniciativa judicial partió del propio líder del PP. Alberto Núñez Feijóo anunció el recurso junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al considerar que la negativa de los ministros a acudir a la Cámara Alta en agosto era una maniobra obstruccionista del Gobierno, y sostuvo que el Supremo podía poner fin a esa estrategia por la vía de las cautelarísimas. Los populares pedían, además, que se ordenara al Ejecutivo abstenerse de condicionar el cumplimiento de las convocatorias del Senado a su sustitución por comparecencias en el Congreso, con el argumento de que cada día sin comparecencia prolongaba la privación del derecho de control de los senadores.
El revés judicial se enmarca en un pulso institucional que se ha ido agravando durante todo el mes. El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, había citado a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Exteriores, José Manuel Albares, y de Defensa, Margarita Robles, para dar cuenta de la gestión de la avalancha del 30 de julio, pero los tres dejaron la silla vacía y remitieron sus explicaciones al Congreso a finales de agosto, al considerarlo la cámara prevalente. Ante ese plante reiterado, los populares optaron por acudir al Supremo, sin descartar recurrir también al Tribunal Constitucional. La decisión de este sábado supone un contratiempo para su ofensiva, al confirmar que la batalla por las comparecencias no se resolverá de forma exprés, sino que seguirá su curso por los cauces ordinarios, mientras el enfrentamiento entre el Gobierno y la Cámara Alta sobre los límites del control parlamentario permanece abierto.
