El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encargado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la coordinación de la respuesta del Ejecutivo a la crisis migratoria de Ceuta. La decisión llega tres semanas después de la entrada masiva de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio, y coincide con el regreso del presidente y de sus ministros de las vacaciones de verano. Torres se encargará de articular la actuación de los cinco departamentos implicados: Interior, Asuntos Exteriores, Defensa, Inclusión y Migraciones, y Juventud e Infancia.
El Gobierno justifica la elección por el perfil del ministro. Fuentes de su departamento subrayan el carácter transversal de la cartera de Política Territorial, de la que además dependen las delegaciones del Gobierno, que intervienen en los trámites administrativos del traslado de menores. A ello suman la experiencia de Torres en la gestión de crisis migratorias durante su etapa como presidente de Canarias, entre 2019 y 2023, así como su papel como impulsor de la última reforma de la Ley de Extranjería para la reubicación de menores no acompañados. El propio Torres es uno de los siete ministros que han visitado Ceuta desde el inicio de la crisis, en su caso el 10 de agosto, cuando se reunió con el presidente de la ciudad, el popular Juan Jesús Vivas.
La fórmula elegida, sin embargo, no satisface la principal reclamación de Ceuta. El Ejecutivo se resiste a activar el mando único que Vivas y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vienen exigiendo desde el primer momento, una figura que contempla la Ley de Seguridad Nacional y que centralizaría la gestión de la emergencia. En lugar de eso, Sánchez ha optado por una coordinación interministerial que mantiene intactas las competencias de la ciudad autónoma sobre sus propios servicios. Torres asumirá también la interlocución con Vivas, muy crítico con la actuación del Gobierno central, al que ha acusado de maquillar la realidad mientras advierte de que Ceuta sigue en peligro.
Según las autoridades locales, entre 7.000 y 9.000 inmigrantes en situación irregular permanecen aún en la ciudad, muy por encima de las cifras que maneja el Gobierno central, y el enclave arrastra el colapso de sus recursos de acogida, un brote de sarna y la tensión por la gestión de más de 2.000 menores no acompañados. Apenas un día antes, el desalojo del asentamiento de la playa del Trampolín había derivado en escenas de descontrol, con centenares de migrantes dispersándose por la ciudad. El Ejecutivo prepara además el traslado urgente de unas 500 niñas a la Península, una medida que choca con la petición de Bruselas y Rabat de devolver a los migrantes a Marruecos y con el rechazo de las comunidades del PP y Vox a acoger a los menores.
La creación de esta figura llega tras semanas de gestión dispersa y de discrepancias internas. La respuesta del Gobierno había implicado hasta ahora a varios departamentos sin una cabeza visible, lo que generó descoordinación y mensajes contradictorios, desde el tono sobre la normalidad en la ciudad hasta el enfoque sobre las devoluciones. Al concentrar la coordinación en un solo ministro, Sánchez busca ordenar la respuesta y ofrecer un interlocutor único, aunque la oposición interpreta el movimiento como un gesto tardío y insuficiente, una manera de aparentar control sin ceder al mando único. La incógnita, ahora, es cómo se concretará en la práctica el papel de Torres y si logrará encauzar una crisis que, tres semanas después, sigue lejos de resolverse.
