El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en el traslado urgente a la Península de unas 500 niñas migrantes no acompañadas que entraron de forma irregular en Ceuta durante la avalancha de finales de julio. La medida, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, choca de frente con la postura de la Comisión Europea, que apenas un día antes había reclamado el retorno a Marruecos de todos los que permanezcan ilegalmente en la ciudad, incluidos los menores extranjeros no acompañados. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó este miércoles que ese primer reparto se está abordando por parte de Ceuta con el departamento de Infancia y las comunidades autónomas.
El plan diseña una fórmula jurídica específica para sortear el bloqueo de las autonomías. Según fuentes del ministerio, serían organizaciones de protección a la infancia situadas en la Península las que asumirían la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, empezando por las niñas, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades. Con ese esquema, explicado por Unicef, la tutela seguiría en manos de Ceuta mientras que la guarda pasaría a las entidades que acepten hacerse cargo de las menores una vez en territorio peninsular. El planteamiento se enmarca en un plan integral que el Gobierno quiere blindar mediante un real decreto ley para una acogida vinculante y solidaria del conjunto de las comunidades.
La postura española se apoya en el marco legal de protección de la infancia. Saiz evitó asumir como inmediata la devolución de los migrantes a Marruecos, pese al respaldo de Bruselas, y defendió que España debe aplicar tanto la Ley de Extranjería como la normativa comunitaria y el Pacto Europeo de Migración y Asilo, siempre bajo el principio del interés superior del menor. «España cumplirá con la ley que regula esta cuestión; no se trata de tibieza, sino de respetar y cumplir con la legislación», sostuvo la ministra. Tanto el derecho comunitario como la propia ley española otorgan una protección reforzada a los menores, con expedientes individualizados que impiden las devoluciones colectivas.
La decisión abre un triple frente para el Ejecutivo. Por un lado, con la Comisión Europea, cuyo portavoz de Asuntos Internos, Markus Lammert, insistió en que la expectativa de Bruselas es que todos los que permanezcan irregularmente en Ceuta sean retornados, y sostuvo que la Directiva de Retorno contempla también disposiciones aplicables a los menores. Por otro, con el PP, que se alinea con esa tesis: el vicesecretario Juan Bravo rechazó el traslado de las 500 niñas al defender que el interés superior del menor pasa por estar con su familia, y recordó que existe una petición expresa de Marruecos para que los niños regresen. Y, en tercer lugar, con las comunidades gobernadas por PP y Vox, que ya han anunciado que no acogerán a los menores y que impugnarán judicialmente cada expediente de reparto.
El pulso se desarrolla sobre una situación humanitaria cada vez más tensa. El Ministerio del Interior ha elevado a 2.168 los menores no acompañados registrados en Ceuta desde el 30 de julio, de los que unos 500 seguían durmiendo en la calle veinte días después, en espacios improvisados por los vecinos ante el colapso de los centros de acogida. Saiz anunció la habilitación de 1.500 nuevas plazas temporales, ampliables hasta 4.000, aunque declinó dar cifras sobre cuántos migrantes permanecen en la ciudad y se remitió a los 4.000 kits de comida que se reparten a diario. A la crisis se ha sumado un brote de sarna, con 24 casos confirmados entre militares desplazados al enclave. Bruselas precisó que aún no ha recibido de Madrid la solicitud formal de ayuda financiera de urgencia, y que por ahora solo existen contactos informales, pese a que Saiz aseguró que España sí había pedido fondos europeos. El resultado es un Gobierno atrapado entre la presión de la UE y Rabat para devolver, la resistencia de las autonomías a acoger y su propia obligación legal de proteger a unos menores que llevan semanas a la intemperie.
