La ministra de Sanidad, Mónica García, pisó Ceuta por primera vez este domingo, dieciséis días después de la entrada masiva de inmigrantes, y lo hizo entre abucheos y gritos de «dimisión», «traidora» y «sinvergüenza» a su entrada y salida de la Delegación del Gobierno. En su comparecencia, la titular de Sanidad se empeñó en desmontar la idea de un colapso del sistema sanitario ceutí: reconoció una situación de «tensión asistencial» y el «sobreesfuerzo» de los profesionales, pero negó de forma tajante que la ciudad haya llegado al bloqueo.
El retraso de la visita fue precisamente uno de los focos de la polémica. La ministra acudió a la ciudad dos semanas después de la avalancha de los días 30 y 31 de julio, y solo tras los reiterados llamamientos del Colegio de Médicos y del Sindicato Médico para que se desplazara en persona. Horas antes, el PP había reclamado su dimisión: el dirigente Elías Bendodo la acusó de ser «culpable» de un «colapso sanitario» y le reprochó haber tardado más de quince días en pisar Ceuta. En la reunión previa, el propio presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, le trasladó que el enclave «está en peligro» y le pidió que atendiera las demandas de los sanitarios.
García respaldó su negativa del colapso con cifras concretas. Detalló que se ha atendido a unas 5.800 personas desde el inicio de la crisis, con 1.149 asistencias el primer día y una media de 300 diarias después, y que 101 personas han llegado a estar ingresadas, de las que 28 permanecen hospitalizadas. Subrayó que el hospital está ocupado al 50 %, que su capacidad se ha ampliado de 175 a 212 camas y que se han contratado más de 60 profesionales hasta final de agosto. Como principal argumento, insistió en que, a diferencia de la pandemia, no ha sido necesario hacer volver a nadie de vacaciones ni movilizar personal de otras comunidades, aunque admitió que urgencias, medicina interna y algunas zonas quirúrgicas están especialmente tensionadas.
El tramo más polémico de su intervención llegó al abordar la relación entre inmigración y salud. «Asociar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo», declaró la ministra, que remató con un «los inmigrantes no traen enfermedades, pueden enfermar, pero no las traen». Para tranquilizar a la población, aseguró que existen circuitos diferenciados de atención que evitan contagios entre migrantes y ceutíes. Sus palabras, sin embargo, chocaron con un dato ya conocido: una de las personas que cruzó la frontera se encontraba en tratamiento por tuberculosis, y la propia ministra admitió un «riesgo epidemiológico moderado» entre los inmigrantes, derivado del hacinamiento, frente a uno «bajo» para la población local.
En el plano de las soluciones, García situó como prioridad sanitaria de primer orden dar un techo a los migrantes para garantizar condiciones de salubridad, y pidió a la ciudad autónoma que ceda espacios para alojarlos. Ese planteamiento, no obstante, fue interpretado por sus críticos como un traslado de responsabilidad hacia Ceuta, sin aportar soluciones propias para aliviar la presión sobre los profesionales. La visita, en un clima de máxima hostilidad, dejó la imagen de una ministra a la defensiva, atrapada entre las denuncias del personal sanitario, la ofensiva del PP y el malestar de una ciudadanía que percibe la situación de forma muy distinta a la que dibuja el Gobierno.
