El Tribunal de Cuentas ha comunicado a Hazte Oír que ha trasladado a su Sección de Enjuiciamiento la denuncia presentada por la asociación, que reclama la devolución de los 340.572 euros que David Sánchez Pérez-Castejón cobró de la Diputación de Badajoz durante los casi ocho años que ocupó su puesto en la institución provincial.
La asociación, que ejerció de acusación popular en el proceso penal, pide el reintegro provisional de esa cantidad, más los intereses legales, correspondiente a las retribuciones abonadas entre julio de 2017 y mayo de 2025. La reclamación se apoya en que la plaza fue considerada irregular por la Audiencia Provincial de Badajoz, que el pasado 14 de julio condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, en calidad de cooperador necesario.
Aquella sentencia, sin embargo, no incluyó pronunciamiento sobre la responsabilidad civil ni ordenó la devolución de las nóminas, al no haberla solicitado quienes estaban legitimados para ello. Es precisamente esa vía la que ahora trata de abrir Hazte Oír, que busca trasladar el asunto del terreno penal al contable para que se determine si los pagos causaron un perjuicio a los caudales públicos.
La asociación reclama además que se investigue la actuación de quienes participaron en la creación, adjudicación y mantenimiento de la plaza, entre los que señala al expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo. Solicita que los responsables depositen o afiancen la cantidad de forma provisional y, en caso de no hacerlo, que se acuerden embargos preventivos sobre sus bienes.
No es la única denuncia sobre este asunto que tramita el Tribunal de Cuentas. La organización Iustitia Europa presentó otra reclamación, también remitida a la Sección de Enjuiciamiento, aunque cifra en 280.845 euros lo cobrado por David Sánchez entre 2017 y 2024, una estimación y un periodo distintos. Por su parte, el Partido Popular eleva la cantidad a 416.798 euros si se suman retribuciones y cotizaciones sociales.
La decisión queda ahora en manos de la Sección de Enjuiciamiento, que deberá establecer si la condena penal y la documentación aportada justifican la apertura de un procedimiento contable. La sentencia de la Audiencia de Badajoz, además, no es firme: se han anunciado recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
