La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado a la Policía Nacional que elabore un informe para esclarecer si la entrada irregular masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio respondió a una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal. La decisión llega tras una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa.
En un auto fechado el 31 de julio, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó incoar diligencias previas y solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que identifique, además, a quienes hubieran podido participar en esos hechos. La magistrada sostiene que las actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, aunque supedita su decisión sobre la competencia de la Audiencia Nacional al contenido de ese informe policial.
Iustitia Europa interpuso la denuncia el 30 de julio contra funcionarios, presuntos integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas. El partido cifra los hechos en presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. La formación considera que la apertura de diligencias supone un reconocimiento de la necesidad de investigar unos hechos que, a su juicio, afectan a la integridad de las fronteras españolas.
La causa avanza en paralelo al agravamiento del balance humano de la crisis. Este lunes, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta elevó a 88 el número de personas halladas muertas en las inmediaciones del espigón del Tarajal como consecuencia de la entrada masiva del 30 de julio.
