La Universidad Complutense de Madrid ha reclamado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, la indemnicen de forma solidaria con 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil si finalmente resultan condenadas por un delito de malversación en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado. La reclamación figura en el escrito de conclusiones provisionales que la universidad, personada como perjudicada, ha remitido al magistrado de cara al futuro juicio con jurado popular.
La cantidad reclamada corresponde a la suma del coste directo del desarrollo de un software creado en el seno de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía Gómez y del gasto de personal de la institución destinado a ese proyecto, que según la investigación judicial habría acabado utilizándose para fines privados pese a desarrollarse con fondos y recursos públicos.
La universidad detalla varios hechos que, a su juicio, sustentan los indicios de malversación: el registro de la marca TSC, la solicitud de la marca vinculada a la plataforma transformatsc.org, la transferencia del dominio de internet a nombre de Gómez y la creación en 2023 de la sociedad Transforma TSC S.L., con la esposa del presidente como administradora única y con la explotación comercial del software como objeto social. Todas esas actuaciones, sostiene la Complutense, habrían privado a la institución de la titularidad y el control de un activo desarrollado con sus medios.
Además de la indemnización económica, la universidad solicita que se le restituyan el propio software y todos los elementos asociados a él, incluidos dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, códigos fuente, registros, marcas y derechos de explotación que pudieran encontrarse en poder de quienes resulten condenados. Respecto a Cristina Álvarez, la Complutense hace suyo el razonamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que aprecia indicios de que pudo actuar como cooperadora necesaria con una participación «activa e indispensable» en las gestiones encaminadas al presunto desvío del activo.
El movimiento de la universidad supone que la propia institución que acogió la cátedra de Gómez se suma ahora al frente acusatorio. El juez Peinado propuso juzgar a la esposa del presidente por tráfico de influencias y malversación, después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara la continuidad del procedimiento mediante juicio con jurado y archivara las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid en una fecha todavía por determinar.
