La acusación popular unificada, liderada por la asociación Hazte Oír, ha rebajado de 24 a 13 años la pena de cárcel que solicita para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco del futuro juicio con jurado popular que afrontará por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público.
El nuevo escrito de acusación desglosa la petición en dos años de prisión por el delito de tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años más por otros conceptos. De forma subsidiaria, la acusación plantea una alternativa de diez años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con el de malversación. La rebaja afecta también a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, para quien la petición se reduce de 22 a seis años de prisión.
El pasado 16 de julio, el magistrado decidió que la esposa del presidente sea juzgada por tráfico de influencias y malversación, y sobreseyó otros dos delitos que figuraban en la causa, los de apropiación indebida y corrupción en los negocios. En esa misma resolución, Peinado levantó las medidas cautelares que pesaban sobre ella, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
En su escrito, la acusación popular destaca lo que describe como un «giro radical» en la trayectoria profesional de Begoña Gómez tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, y sostiene que asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid «sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento». La acusación reclama además que declaren en el juicio cerca de un centenar de testigos, entre ellos el propio Pedro Sánchez, por el uso de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto de su esposa, así como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
