El Gobierno ha decidido posponer hasta después del verano la aprobación del real decreto ley de vivienda, que tenía previsto abordar este martes en el último Consejo de Ministros antes del parón estival, ante la falta de apoyos parlamentarios suficientes para garantizar su convalidación en el Congreso. La aprobación queda ahora aplazada al mes de septiembre, sin fecha concreta.
El texto era una de las medidas estrella con las que el Ejecutivo pretendía cerrar el curso político y proyectar iniciativa legislativa en pleno cerco judicial. Contemplaba una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028, la subida del IVA de los pisos turísticos, deducciones fiscales para propietarios que bajen la renta y una reforma de la ley del suelo para agilizar la construcción de vivienda.
El obstáculo decisivo ha sido Podemos. La formación morada se niega a respaldar el decreto precisamente por esa reforma de la ley del suelo, que a su juicio incrementa los «pelotazos urbanísticos» y la «especulación». El Ejecutivo no cuenta con los votos imprescindibles de sus cuatro diputados, lo que hacía prever una nueva derrota parlamentaria si el texto llegaba a la Cámara Baja. La portavoz de Podemos ya había advertido de que no apoyaría un decreto «descafeinado» que no incluyera topes contundentes al alquiler y la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional.
El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, justificó el aplazamiento con el argumento de dar «unas semanas más de margen a la negociación» para consensuar un texto «amplio y transversal» que dé «estabilidad a quien vive de alquiler» e impulse la oferta de vivienda asequible. El departamento asegura que hará «todo lo que esté en sus manos» para lograr el mejor acuerdo posible.
La situación reproduce el patrón de bloqueo que ya sufrió la Ley de Vivienda estatal en 2023, que tardó meses en aprobarse por las mismas divisiones entre los socios de investidura. A la negativa de Podemos se suman las exigencias de ERC y Bildu, que reclaman más competencias autonómicas en la aplicación de los límites al alquiler, y las reticencias de Junts, que ya tumbó un decreto similar el pasado abril. El resultado es una nueva evidencia de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que afronta septiembre con la misma aritmética adversa y sin los votos asegurados.
