Santa Cruz de Tenerife continúa el proceso administrativo para poner en marcha su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que no nace de una decisión municipal aislada, sino de una obligación fijada a nivel estatal. El origen de esta exigencia se encuentra en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2022-22689), que desarrolla el mandato de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y establece que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes deben delimitar zonas urbanas con acceso restringido para los vehículos más contaminantes.
Un mandato nacional con desarrollo local
El decreto estatal no define directamente los límites físicos de cada zona ni el calendario de aplicación en cada ciudad: esa tarea corresponde a los ayuntamientos, que deben trasladar la exigencia a sus propias ordenanzas de movilidad sostenible. En el caso de Santa Cruz, el trámite ha seguido su curso durante los últimos meses: tras la aprobación inicial del proyecto por el Pleno municipal, el texto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP nº 56/2026, de 11 de mayo), abriendo un periodo de alegaciones que se extendió hasta el 22 de junio. Una vez resueltas las aportaciones recibidas, la ordenanza deberá volver al Pleno para su aprobación definitiva.
Cómo será la zona restringida
Según el proyecto aprobado, la ZBE ocupará el perímetro interior delimitado por el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez y San Isidro, y la avenida de Anaga, quedando fuera de la restricción la zona externa a estas vías. Las limitaciones de acceso regirán de lunes a sábado, entre las 7:00 y las 20:00 horas, y no afectarán a ciclomotores, bicicletas, otros ciclos, vehículos de movilidad personal (VMP) ni a los turismos con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO, C o B, que podrán circular libremente.
Las restricciones alcanzarán únicamente a los vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y a los diésel matriculados antes del 1 de enero de 2006. La ordenanza contempla, además, un amplio catálogo de exenciones —como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o la solicitud de una autorización gratuita— pensadas para facilitar el acceso a residentes, titulares de plazas de garaje y otros colectivos afectados.
Una obligación asumida «estemos o no de acuerdo»
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, defendió la ordenanza señalando que el consistorio tiene la obligación legal de implantar la ZBE al margen de la opinión municipal, y subrayó que el texto se ha elaborado atendiendo a la experiencia de otras ciudades cuyas ordenanzas han sido anuladas judicialmente. El regidor vinculó la medida a la Estrategia de Transición Justa recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la misma norma que dio origen al decreto estatal publicado en el BOE.
Financiación europea y calendario
La ZBE se enmarca en un programa municipal más amplio de movilidad sostenible, financiado con fondos europeos Next Generation por un importe de 12 millones de euros. Además de la propia zona restringida, el plan incluye la incorporación de once guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga y la remodelación de varias calles del entorno afectado.
Pese al avance en la tramitación administrativa, la entrada en vigor efectiva de las restricciones de tráfico no se espera de forma inmediata: distintas informaciones municipales apuntan a que la prohibición de acceso para los vehículos más antiguos no comenzaría a aplicarse hasta el año 2029, una vez completados los trámites, las alegaciones y la aprobación definitiva de la ordenanza.
