La Guardia Civil ha detenido a una persona y mantiene bajo investigación a otra como presuntas autoras del incendio forestal que arrasa desde este jueves el término municipal de Burgohondo, en Ávila, y que ya ha calcinado más de 9.000 hectáreas. El fuego está declarado como Emergencia de Interés Nacional y es el mayor registrado en Castilla y León desde 2019.
La investigación, dirigida por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, apunta a una imprudencia grave: el uso de maquinaria pesada en una zona de monte donde su empleo estaba terminantemente prohibido. Según la inspección técnica ocular realizada por los agentes, una chispa provocada por esa maquinaria fue el origen del incendio.
Los trabajos se llevaban a cabo precisamente en días en que la Junta de Castilla y León había decretado la prohibición del uso de excavadoras y desbrozadoras en el monte, restricción vigente entre junio y septiembre en toda la comunidad cuando se activa la alerta de peligro por riesgo de incendios, como ocurría en ese momento por el episodio de calor extremo que atraviesa la región. A los dos investigados se les atribuye un delito de incendio forestal por imprudencia grave, además de otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, agravado por afectar a zonas próximas a núcleos de población.
El incendio de Burgohondo se suma al que arde de forma simultánea en la Comunidad de Madrid, y el Gobierno ha advertido de que queda «muy poco» para que ambos frentes confluyan en un macroincendio, lo que complicaría aún más las labores de extinción. Entre los dos fuegos, más de 20.000 personas han sido evacuadas o confinadas en sus municipios. El Ejecutivo ha desplegado más de 1.800 efectivos entre ambas provincias para hacer frente a la emergencia.
La Guardia Civil remitirá todas las diligencias policiales y los informes técnicos a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía Provincial de Ávila. La Junta de Castilla y León se personará como acusación particular en el procedimiento, mientras la oposición en las Cortes autonómicas reclama la comparecencia del presidente Alfonso Fernández Mañueco antes del 15 de agosto para explicar la gestión de la emergencia.
