Un juzgado de Barcelona ha aplicado la ley de amnistía a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, el órgano que la Generalitat creó para supervisar el referéndum independentista de 2017, y ha decretado el archivo definitivo del procedimiento que aún pendía contra ellos por delitos de desobediencia y usurpación de funciones.
Los amnistiados son la exconsellera y actual diputada de ERC en el Parlament, Tània Verge, el diputado de Junts en el Congreso Josep Pagès, el catedrático Jordi Mas y los abogados Marta Alsina y Marc Marsal. Todos ellos habían sido absueltos en 2021 por la titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona, que consideró no probado que siguieran ejerciendo funciones después de que el Tribunal Constitucional les advirtiera de su deber de impedir el referéndum. De hecho, cesaron en sus cargos apenas 19 días después de su nombramiento por el Parlament, tras la imposición de una multa coercitiva de 12.000 euros diarios para cada uno de ellos por parte del propio Tribunal Constitucional.
La Fiscalía, que pedía dos años y nueve meses de cárcel para cada uno de los síndics, recurrió aquella absolución y logró que la Audiencia Provincial ordenara repetir el juicio. Esa decisión dejó la causa encallada durante años, agravada después por las disputas competenciales derivadas del aforamiento que afectaba a dos de los procesados, la propia Verge y Pagès, en su condición de cargos electos.
Las defensas habían solicitado la aplicación de la amnistía desde el primer día que entró en vigor la ley, en junio de 2024, pero el proceso quedó bloqueado más de dos años por los sucesivos cambios de instancia judicial y las dudas sobre qué tribunal era competente para resolver. La resolución llega apenas unos días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la compatibilidad de la ley española de amnistía con el Derecho comunitario, fallo que ha impulsado la resolución de varias causas del procés que permanecían paralizadas en distintos juzgados.
