El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de ley del tabaco, que ahora inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso. La reforma modifica la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y supone la actualización más profunda de la normativa española en más de dos décadas, con el objetivo declarado de ampliar los espacios sin humo, reforzar la protección de menores y equiparar los nuevos productos relacionados con el tabaco al mismo régimen legal que el cigarrillo convencional.
La lista de nuevos espacios sin humo es extensa. Cuando la ley entre en vigor, no se podrá fumar ni vapear en terrazas de bares y restaurantes, playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales, vehículos de trabajo salvo en uso estrictamente personal, campus universitarios, andenes y marquesinas del transporte urbano, y en recintos donde se celebren espectáculos públicos como teatros, cines o conciertos, incluso al aire libre.
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la reforma recordando que el tabaquismo provoca 50.000 muertes al año en España y que la norma busca avanzar hacia una generación «libre de tabaco» además de cerrar las lagunas legales que existían sobre los nuevos dispositivos. «Cualquiera que se quiera tomar un café o disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú», afirmó la ministra.
El otro gran eje de la reforma es la equiparación regulatoria de los productos que han proliferado en los últimos años entre la población más joven: cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, productos de tabaco calentado, shishas y bolsas de nicotina. Todos ellos quedarán sujetos al mismo régimen que el tabaco convencional, y su venta y suministro se restringirá a establecimientos especializados, dejando fuera los canales de distribución generalista donde hasta ahora se comercializaban con menos control. El texto llega ahora al Congreso, donde deberá superar su tramitación parlamentaria antes de convertirse en ley definitiva.
