La exdirectora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, admitió ante la comisión de investigación del caso SEPI en el Senado que fue un «lamentable error» que los sistemas de control del organismo no detectaran durante cuatro años que Julio Martínez, empresario imputado en el caso Plus Ultra y considerado por el juez el testaferro y lugarteniente de Zapatero, no había presentado la declaración del IRPF en 2020, 2021, 2022 y 2023.
El caso resulta especialmente llamativo porque la Agencia Tributaria disponía de toda la información para haberlo detectado de forma automática. La empresa ASP Rentas declaraba anualmente ante Hacienda el modelo 190 correspondiente a las retribuciones que Martínez percibía como consejero y administrador: 50.218 euros anuales, con una retención de 12.554 euros. Con esos datos en sus sistemas, las alarmas internas debían haber saltado solas al comprobar que el contribuyente no presentaba autoliquidación. No lo hicieron.
El senador del PP Salvador de Foronda, especializado en asuntos tributarios, fue más allá de la explicación de Fernández. En la sesión del Senado le preguntó directamente si estaba «prevaricando» al calificar de error lo que a su juicio era una inacción deliberada, dado que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la propia Agencia Tributaria tenía en su poder desde el 25 de febrero de 2026 un informe con todo el entramado societario de Zapatero y Martínez. A pesar de ello, Hacienda no abrió la inspección fiscal contra el expresidente del Gobierno hasta el 15 de junio, casi cuatro meses después, y contra sus hijas hasta el 22 del mismo mes.
Según los informes de la UDEF y la ONIF que obran en la Audiencia Nacional, Martínez controlaba 39 sociedades con movimientos económicos cercanos a los 4,9 millones de euros entre 2020 y 2024, veinte de ellas actualmente inactivas. El juez José Luis Calama le ha citado para declarar como investigado el próximo 21 de julio, fecha en que también se conocerá si el empresario, que según fuentes de su entorno habría decidido colaborar con la justicia por presión familiar, mantiene finalmente esa disposición ante el magistrado.
