El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de retirar del procedimiento un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en el que se analizan tres transferencias por un total de 200.000 euros que el exlíder socialista recibió de la sociedad peruana Focus Social Research SAC presuntamente a cambio de mediar ante las autoridades bolivianas en favor del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano con litigios abiertos en ese país.
La UDEF sostiene que Zapatero participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia, incluyendo al entonces presidente Luis Arce, orientada a «beneficiar los intereses» del grupo Gloria, que mantiene desde hace años una disputa millonaria con el Estado boliviano por la reversión de acciones de la cementera Soboce. Los pagos consistieron en una transferencia de 100.000 euros y otras dos de 50.000, recibidas entre 2024 y 2025 a través de Focus Social Research, empresa vinculada al entorno del expresidente.
La defensa de Zapatero había presentado el 25 de junio un escrito solicitando que ese informe fuera devuelto a la unidad policial y eliminado de las actuaciones, argumentando que se trataba de una investigación «prospectiva y no autorizada» que analizaba hechos ajenos al objeto inicial de la causa. En su auto de este miércoles, Calama desmonta ese razonamiento y concluye que las transferencias aparecieron de forma «natural» durante el análisis de documentación ya incorporada al procedimiento y que constituyen hechos «relevantes para la instrucción», por lo que no aprecia motivo alguno para apartar el informe.
Zapatero rechaza de plano la interpretación policial y sostiene que los 200.000 euros responden a un contrato de asesoramiento profesional lícito, negando cualquier conducta constitutiva de tráfico de influencias. Por su parte, el expresidente boliviano Luis Arce también negó estar involucrado en el asunto, calificando su relación con el exlíder socialista de estrictamente «institucional y política». La causa, que investiga además el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, sigue su curso en la Audiencia Nacional con el declarado testaferro Julio Martínez pendiente de declarar el 21 de julio.
