La Audiencia Provincial de Badajoz dictó este martes sentencia en el caso conocido como el «hermanísimo» y condenó a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. El tribunal declaró probado que su plaza en la Diputación de Badajoz fue creada de forma espuria, sin necesidad ni contenido real, para ser adjudicada específicamente a él.
El expresidente de la Diputación y exsecretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, recibió la pena más elevada: 18 años de inhabilitación como autor de dos delitos de prevaricación, uno por la creación inicial del puesto de coordinador de los conservatorios en julio de 2017 y otro por el cambio de nomenclatura de esa plaza en 2022, que pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, lo que el tribunal calificó de «transformación sustancial» del puesto diseñada para eliminar la incompatibilidad que pesaba sobre el cargo y adaptarlo a las preferencias personales de David Sánchez. Los ocho altos cargos y funcionarios de la Diputación que intervinieron en el proceso, así como Luis Carrero, exasesor en Moncloa y amigo de David Sánchez que también accedió a la institución provincial, fueron condenados a 9 años de inhabilitación como cooperadores necesarios.
La sentencia declara que David Sánchez apenas acudía a trabajar y que el puesto carecía de contenido funcional real, pero el tribunal no consideró probado el tráfico de influencias ni que la creación del cargo fuera consecuencia directa de la relación familiar con el presidente del Gobierno, por lo que absolvió a todos los acusados de ese delito. Eso aleja a los condenados de la prisión efectiva que pedían las acusaciones populares, que habían elevado sus peticiones durante el juicio hasta los seis años de cárcel para David Sánchez y cuatro para Gallardo.
La sentencia no es firme. Los condenados disponen de diez días para interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Es la primera vez en la historia reciente de España que un familiar directo de un presidente del Gobierno en ejercicio resulta condenado por un tribunal.
