El Ejecutivo de Pedro Sánchez ultima un amplio decreto ley de vivienda que pretende aprobar este mismo mes en el Consejo de Ministros. La ministra portavoz Elma Saiz lo definió como un paquete «extenso y transversal» orientado a bajar el precio del alquiler, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude. El decreto llega después de meses de parálisis legislativa en materia de vivienda y con el Gobierno bajo presión por los datos de precios en las grandes ciudades.
El paquete incluye cuatro grandes medidas. La más polémica es la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027, que el Congreso ya rechazó en abril con los votos del PP, Vox, Junts y UPN. El Gobierno la rescata ahora por decreto, lo que obligará a su posterior convalidación parlamentaria. A ello se suman la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, vía que se utiliza para eludir los topes de la Ley de Vivienda; la subida del IVA de los pisos turísticos del 10% al 21%, para encarecer ese uso y redirigir oferta hacia el alquiler residencial; y deducciones en el IRPF para propietarios que bajen voluntariamente la renta, medida que sirve como contrapartida para obtener el apoyo de Junts.
El elemento más novedoso del paquete es la recuperación de la desgravación hipotecaria para jóvenes que compren su primera vivienda tras la entrada en vigor del decreto, un beneficio fiscal que desapareció en 2012. Los detalles aún se negocian: se estudia limitar el acceso a quienes no superen una renta anual de entre 30.000 y 35.000 euros y circunscribir la deducción a una única vivienda. La medida no sería retroactiva.
El decreto se estructura en dos bloques: medidas para el mercado del alquiler y medidas fiscales para incentivar la oferta. El Gobierno necesita el respaldo de Junts para su convalidación en el Congreso, después de que los posconvergentes tumbaran la prórroga de alquileres en primavera. El sector inmobiliario pide que el decreto priorice la seguridad jurídica y el aumento de la oferta antes que el intervencionismo, mientras que Podemos ya ha avisado de que votará en contra si se mantienen las ayudas fiscales a propietarios. La aprobación en Consejo de Ministros se espera antes de finales de julio.
