El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso presentado por Sacyr contra la última resolución del Gobierno sobre las indemnizaciones por el rescate de las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid, y ha ordenado al Ejecutivo que elabore un nuevo cálculo definitivo y pague de una vez lo que adeuda a la concesionaria. La sentencia, fechada el 2 de junio, anula la resolución complementaria aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2023, que fijaba un pago de 570 millones de euros, el segundo intento del Ejecutivo tras versiones previas que el propio Supremo ya había tumbado.
Esta vez el Alto Tribunal no entra en la cuantía económica, sino en algo más básico: la obligación de cerrar el expediente de forma definitiva y no seguir encadenando resoluciones provisionales que dilatan indefinidamente el pago. La señal es clara: no habrá más paciencia judicial para nuevas demoras.
Las radiales R-3 y R-5 fueron adjudicadas en 1999 a un consorcio formado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC para operar durante 50 años. Entraron en servicio en 2004, pero en 2012 se declararon en concurso de acreedores como consecuencia del hundimiento del tráfico previsto durante la crisis financiera. El Estado se quedó con las autopistas y asumió la obligación de indemnizar a las concesionarias por lo invertido. Desde entonces, varios fondos de inversión que compraron la deuda, entre ellos TDA, Bothar y Kommunalkredit, esperan cobrar esas indemnizaciones.
El caso forma parte de una deuda mucho mayor. En 2019 el Gobierno aprobó un plan para ordenar el proceso de liquidación de las nueve autopistas rescatadas, que preveía tres resoluciones por autopista en plazos máximos de seis meses. Siete años después, solo una de las nueve ha recibido la resolución definitiva. El coste provisional acumulado por el Estado asciende ya a 1.684 millones de euros, una cifra que seguirá creciendo a medida que se vayan cerrando los expedientes pendientes.
