El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, declaró este martes como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional y ratificó punto por punto el testimonio que ya había prestado ante la propia Guardia Civil: que Leire Díez se reunió con él en dos ocasiones en marzo de 2025 y le ofreció recuperar su carrera profesional y ser la mano derecha de la directora general del cuerpo, Mercedes González, a cambio de colaborar en una operación para «purgar» y «eliminar elementos subversivos» de la UCO.
El elemento más importante de su declaración fue la confirmación de que Leire Díez siempre le dejó claro que «venía de parte del one del Gobierno», expresión con la que, según Villalba, ella hacía referencia a Pedro Sánchez. A cambio de su colaboración, la exmilitante socialista le prometió «recuperar su reputación» y acceder a un puesto de responsabilidad como asesor de la directora de la Guardia Civil.
Lo que Díez le pedía a cambio era que le proporcionara información comprometedora sobre los agentes de la UCO que instruyen los casos de corrupción vinculados al Gobierno, información que según los informes policiales habría servido para desacreditar a los investigadores y frenar las causas judiciales. Villalba se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por su suspensión de funciones y su condición de investigado en el caso Koldo por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, lo que le convertía, según la UCO, en un «objetivo de interés» para la trama.
El testimonio de Villalba refuerza la causa que el juez Pedraz investiga desde mayo, cuando la UCO registró la sede del PSOE en Ferraz tras descubrir, a través del análisis de los dispositivos de Leire Díez, la existencia de una trama destinada a desestabilizar investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente. El 2 de julio, Pedraz imputó a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia, con declaración prevista para el 16 de julio.
