El conflicto laboral en el transporte sanitario de Canarias se ha agudizado en las últimas semanas en Tenerife con jornadas de huelga, actos vandálicos en las bases de ambulancias y un cruce de acusaciones entre sindicatos y la Administración regional que lleva más de un año sin desbloquear la negociación del convenio colectivo.
Los sindicatos CCOO, USO y CSIF presentaron un preaviso de huelga ante la Dirección General de Trabajo de Canarias al denunciar la falta de avances en la negociación del convenio, cuyo vencimiento se produjo el 31 de diciembre de 2024, dejando a las plantillas con los salarios congelados desde entonces. Los trabajadores reclaman una actualización salarial acumulada del 21% correspondiente al periodo 2019-2025, más un incremento del 4% para 2026, mientras que las patronales ofrecen un 13% más un 4%, condicionado a futuras modificaciones administrativas y a nuevas adjudicaciones públicas.
El calendario de movilizaciones incluyó jornadas de huelga los días 8 y 19 de junio, con paros indefinidos todos los viernes a partir de esa fecha si no se producían avances. El conflicto derivó en episodios más graves durante la semana del 15 de junio. Ese lunes se notificaron los primeros actos vandálicos en la base del transporte sanitario no urgente de Los Realejos, en el norte de Tenerife, que imposibilitaron el acceso del personal al recinto a primera hora de la mañana, dejando doce unidades inoperativas a las seis de la mañana. La incidencia se tradujo en 53 pérdidas de tratamiento entre la zona norte y el área metropolitana. La situación se repitió al día siguiente con nuevos daños en los accesos a la base, forzando la cancelación de 34 tratamientos de rehabilitación en centros como el Hospital Universitario de Canarias y el retraso en la entrada de un paciente de quimioterapia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
El conflicto también ha puesto en evidencia las tensiones entre sindicatos y la Consejería de Sanidad. El Comité de Huelga desmintió las declaraciones de la consejera Esther Monzón, quien afirmó haberse reunido con ambas partes, y denunció que en realidad no se había sentado ni con la representación sindical ni con el comité de huelga. Los sindicatos rechazan además que se abra cualquier negociación al margen de los representantes de los trabajadores.
El sector denuncia que las empresas adjudicatarias condicionan cualquier mejora salarial a que la Administración aporte más dinero, mientras que el Ejecutivo canario todavía no ha puesto en marcha el nuevo proceso de licitación del servicio, cuya concesión anterior venció también a finales de 2024. Los técnicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre el 19 y el 25%, y en algunos casos sus salarios no superan los 1.000 euros mensuales pese a tratarse de personal titulado que sostiene un servicio esencial.
