El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, ha decretado la apertura de una pieza separada para investigar nuevos posibles ilícitos en la adjudicación de contratos públicos recibidos por el empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a la cátedra que la esposa de Pedro Sánchez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de un tercer contrato público adjudicado al empresario, en el que la Fiscalía Europea detectó indicios de posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea.
El contrato que centra la nueva pieza fue adjudicado por Red.es a una unión temporal de empresas en la que participaban Innova Next, sociedad vinculada a Barrabés, y la consultora KPMG. La investigación se centra en irregularidades como la supuesta omisión deliberada de requisitos técnicos exigidos en los pliegos, detectadas en correos electrónicos internos de Red.es.
El expediente había estado en manos de la Fiscalía Europea desde 2024. En junio de ese año, el organismo solicitó asumir parte de la causa al considerar que podría afectar a intereses económicos de la Unión Europea, en concreto la rama relativa a los contratos logrados por el Grupo Barrabés en dos procesos de adjudicación. El asunto ha regresado ahora al juzgado de instrucción. El expediente fue devuelto a Peinado porque finalmente no estaba financiado con fondos europeos, por lo que la competencia vuelve a la justicia española.
Para incorporar esta pieza, el magistrado se ha apoyado en la documentación remitida por la Fiscalía Europea y en el trabajo policial. Una vez que la Fiscalía comunitaria devolvió sus averiguaciones, al no hallar rastro de que las adjudicaciones obtenidas por Barrabés afectasen a fondos europeos, Peinado decidió incorporar el atestado confeccionado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ese informe incluye los registros electrónicos correspondientes a las cuentas de correo de trece personas vinculadas a un expediente de la empresa pública Red.es, el servicio de oficina Acelera Pyme, que supuestamente concedió las licitaciones bajo sospecha apoyándose en criterios subjetivos favorables a Barrabés.
En la documentación remitida se apuntan posibles deficiencias administrativas en la adjudicación, entre ellas cuestiones relativas al informe de valoración y a la documentación exigida en los pliegos. Los investigadores policiales ya habían localizado indicios de que, en tres de los cinco contratos públicos bajo sospecha recibidos por la unión temporal de empresas de Barrabés, existió una norma de corrección meramente subjetiva que favoreció el resultado final de varias licitaciones por las que el empresario resultó seleccionado pese a no ser la opción económicamente más ventajosa.
La nueva pieza se suma a la causa principal, en la que la mujer del presidente del Gobierno está acusada de cuatro delitos, después de que el juez Peinado finalizase recientemente la instrucción y propusiera juzgar ante un jurado a Begoña Gómez.
