El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma que actualiza el marco normativo vigente desde hace más de dos décadas, tras casi cuatro años de negociación con los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF. La aprobación se produjo sin el respaldo de los sindicatos médicos, que mantienen una huelga indefinida y han convocado ya una quinta parada para el 15 al 19 de junio.
Dos días después, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, exigió durante el pleno de la Asamblea de Madrid los informes de viabilidad técnica, jurídica y económica del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, y reclamó a la ministra Mónica García transparencia e institucionalidad.
No es la primera vez que Matute traslada esta petición. La consejera ha reclamado de forma reiterada esas memorias técnica, jurídica y económica sin obtener respuesta, y ha denunciado que el Ministerio ha pilotado la reforma de manera unilateral, con preacuerdos parciales y sin integrar a colectivos clave como el médico. En la misma línea, Matute ha sostenido que el papel de las comunidades autónomas se ha limitado a reclamar que se retire el borrador para empezar a trabajar de forma técnica, con rigor y con método.
La consejera también apuntó al fondo económico del conflicto. Matute reclamó al Ministerio que justifique partida por partida los 300.000 millones de euros que el Gobierno central ha transferido a las comunidades autónomas para sanidad desde su llegada al Gobierno, unos datos que, según la consejera, no cuadran con lo que figura en el Ministerio de Hacienda.
El anteproyecto deberá someterse ahora a consulta pública para recoger aportaciones de organizaciones e interesados antes de su remisión a las Cortes. El Ministerio de Sanidad convocó para este viernes a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar el texto aprobado y la situación de la huelga médica.
