Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado este jueves en la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y en una planta de la misma empresa en Amurrio, en Álava, para practicar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Al mismo tiempo, otra comisión de agentes ha acudido a la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en Madrid para requerir documentación. Las diligencias se enmarcan en la pieza secreta del caso Leire Díez. No hay detenidos.
La UCO busca pruebas de un presunto desvío de hasta 10 millones de euros a la trama del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El hilo conductor arranca en 2021, cuando la SEPI aprobó para Tubos Reunidos un rescate de 112,8 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado durante la pandemia para evitar la caída de compañías consideradas estratégicas.
En el centro de esa operación sitúa la investigación al grupo Hirurok, integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario navarro Joseba Antxón Alonso. Según el sumario, este grupo habría realizado gestiones para favorecer la aprobación del rescate cuando el expediente atravesaba dificultades, percibiendo por ello 114.950 euros a través de la sociedad Mediaciones Martínez. La Guardia Civil añade que Leire Díez y Vicente Fernández habrían planteado recurrir a Santos Cerdán y a Antxón Alonso para impulsar el proceso cuando la ayuda estaba bloqueada, y que el grupo pudo además intermediar con algún miembro del PNV.
La investigación no se detiene en ese primer episodio. La UCO ha identificado una segunda operativa desarrollada entre 2024 y 2025 con el objetivo de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que habría podido participar el propio Cerdán. En noviembre de 2024, tuvo lugar una reunión en el despacho de Cerdán en la sede del PSOE, en Ferraz, con la presencia del exdirigente socialista, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos.
Ese año, la empresa había obtenido unos 15 millones por la venta de una nave y de la acería de Trapagaran. Las condiciones del rescate exigían amortizar la deuda, pero Tubos Reunidos solicitó un aplazamiento de 10 millones para destinarlos a una operación financiera con la que colocó en los mercados un total de 65 millones.
El registro de la SEPI no es el primero que ordena el juez Pedraz, quien ya dispuso un requerimiento en la sede del PSOE en Ferraz, donde los agentes estuvieron durante más de doce horas el pasado 27 de mayo. Tubos Reunidos, fundada en 1892 y especializada en tubos de acero sin soldadura, se encuentra actualmente en concurso de acreedores.
